Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos instó al Gobierno de Brasil y a tres empresas a abordar los numerosos impactos humanitarios que provocaron los vertidos tóxicos al río Doce, tras la ruptura de los muros de contención de una represa minera en el estado de Minas Gerais en Brasil, ocurrida hace un año.
El grupo calificó las medidas gubernamentales y empresariales vinculadas a la tragedia como “insuficientes” para afrontar la gran magnitud de los costos ambientales y humanos de esa catástrofe, calificada como el peor desastre medioambiental en la historia del país.
Se calcula que seis millones de personas siguen sufriendo sus consecuencias.
Los expertos instaron a Brasil a aportar pruebas concluyentes de que el agua de los ríos u otros recursos acuíferos son adecuados para el consumo humano.
Además, expresaron preocupación por los informes que indican que parte de los 700 km de vías navegables afectadas, principalmente el río Doce, siguen contaminadas.
Mostraron inquietud, asimismo, por el destino de las comunidades que fueron obligadas a abandonar sus hogares por el desastre ya que tras un año, el reasentamiento de esas personas está lejos de completarse.
Finalmente, exhortaron a las empresas a que se abstengan de tomar medidas intimidatorias contra los defensores de los derechos humanos.
