La Estación Biológica Internacional denunciará la contaminación del lago de Sanabria ante la Audiencia Provincial y la UE

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La Estación Biológica Internacional (EBI) elevará a la Audiencia Provincial y a la Unión Europea el delito ambiental que, a su juicio, se está produciendo en el lago de Sanabria (Zamora), ante la decisión del fiscal y del juzgado local de Puebla de Sanabria de no investigar ni apreciar delito medioambiental en los vertidos de aguas fecales continuados.

Ante el auto dictado por el juzgado local, el coordinador de la EBI, David de Salvador, ha anunciado a Europa Press su intención de elevar directamente a la Audiencia Provincial su requerimiento para que se paralicen de forma inmediata los vertidos y para que se investigue un presunto delito medioambiental.

Además, no descarta elevar su denuncia a la Unión Europea si las autoridades judiciales o las administraciones competentes provinciales, autonómicas o nacionales no ordenan "con carácter inmediato" la paralización de dichos vertidos fecales contaminantes que están incumpliendo la Directiva Marco de la UE para la Red Natura 2000.

Los vertidos de aguas fecales en este lago de agua de origen glaciar son continuados

En este sentido, ha añadido que remitirá pruebas nuevas que evidencian el proceso contaminante sobre el sedimiento del lago en los últimos quince años con el objetivo de lograr su admisión en la Audiencia Provincial. Se trata de pruebas periciales "perfectamente constatables" por parte de la comunidad científica internacional, por la fiscalía medioambiental y por las autoridades judiciales especializadas y competentes.

Delito continuado

"Dichas pruebas son permanentes y resulta imposible su manipulación o eliminación por encontrarse extendidas por todo el fondo lacustre; resultando totalmente irrelevante el aspecto formal de la cadena de custodia aludido por la fiscalía, el juzgado y la Junta de Castilla y León en los últimos días", ha sentenciado, también en alusión a las críticas por la fiabilidad de los datos recibidas por el propio ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

Así, ha insistido en que los vertidos de aguas fecales en este lago de agua de origen glaciar son continuados, ya han sido previamente denunciados, que no se están depurando y asegura que no son accidentales, puesto que se están repitiendo de forma persistente en los mismos sitios y durante años.

Por eso, no entiende que el juzgado de Puebla de Sanabria haya inadmitido las pruebas "científicas independientes" que están avaladas por un equipo de 31 expertos internacionales sin que se haya contado con la "imprescindible" participación de peritos especializados en la fase de instrucción.

Igualmente, De Salvador lamenta que no se ordenen medidas de paralización urgente de los vertidos de aguas fecales que en la actualidad se siguen produciendo, mientras que el juzgado profundiza en "apreciaciones formales irrelevantes".

Asimismo, aunque el fiscal y la juez admiten que existen deficiencias en el funcionamiento de las depuradoras, no consideran que exista un grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales, ni tampoco conductas "dolosas o imprudentes en la vía penal", a pesar de que los vertidos de aguas fecales son "permanentes" y que los análisis físico-químicos y biológicos independientes aportados por la EBI "son contundentes y constatables de la contaminación lacustre".

En este sentido, ha añadido que el auto del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria al que ha tenido acceso Europa Press, ni siquiera tiene en cuenta la posibilidad de que los vertidos de los pueblos cercanos, que han sido también denunciados "en innumerables ocasiones" y mostrados de forma reiterada por los medios de comunicación en los últimos días, puedan ser un delito, de acuerdo con el artículo 325 del Código Penal.

A este respecto, la entidad científica ha manifestado que si verter durante años aguas fecales no es un indicio de un perjuicio "grave" al equilibrio del ecosistema, el auto evidencia un carácter de desprotección del ecosistema. Al mismo tiempo, el auto apunta a un posible ilícito administrativo aunque, a priori, sin investigación ni peritaje, afirma que "los vertidos no perjudican gravemente el equilibrio de los sistemas naturales".

Acusa a Castilla y León de negligencia

De Salvador lamenta que no se ordenen medidas de paralización urgente de los vertidos de aguas fecales que en la actualidad se siguen produciendo

En este contexto, el coordinador de la EBI ha criticado el auto porque afirma que la Junta de Castilla y León "no tenía conocimiento" a pesar de que las denuncias, informes, debates y litigios llevan años produciéndose. A su juicio, esto significa que "no se ha querido investigar los hechos denunciados ni se ha tenido en cuenta los antecedentes" disponibles en las hemerotecas, en los diarios de sesiones de las Cortes de Castilla y León, en informes del Procurador del Común en 2003, 2004, 2006 y 2011, o el encargado por la propia Junta de Castilla y León a la consultora INMSA para el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

Por ello, acusan de "contradicción" del fiscal con el auto del juez, al argumentar que los responsables de la Junta de Castilla y León "no tenían conocimiento de los hechos" mientras evidencian en el informe fiscal como en el auto del juez la existencia de dos actaucioens judiciales previas contra las deficiencias de depuración, que coinciden con denunciadas en la actualidad.

Esto, según la EBI, demuestra que se trata de una "actuación negligente y reiterada" y, por tanto, que era "conocida por los responsables", que han omitido las actuaciones necesarias para mitigar o eliminar los vertidos.

Al tiempo, De Salvador ha calificado de sorprendente la actuación de la fiscalía porque genera "preocupación y sospecha" ante la evidente coincidencia entre el argumento de la fiscalía sobre la custodia de las analíticas aportadas por la EBI y la realizada por la Junta de Castilla y león en Zamora días atrás, ya que es, en su opinión, "evidente" que el objeto del delito está en la contaminación del lago.

Por ello, reclama que se ordene una analítica con custodia judicial, no solo respecto al estado del agua puntual sino del sedimento, que refleja, precisamente, la contaminación continuada durante los últimos quince años.

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