Carlos Estévez, Director General del Agua de Chile: “Tenemos un serio problema de institucionalidad hídrica”

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Sobre la Entidad

Dirección General de Aguas (DGA) de Chile. Dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
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“El agua no puede esperar” dice categórico el abogado Carlos Estévez, que en este quinto año de sequía implacable en la zona central del país enfrenta el desafío de encabezar el organismo estatal encargado de promover la gestión y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad, interés público y asignación eficiente: la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.

“Pensar que no hay que hacer nada, que hay que esperar, que es un tema de gestión, de inversión o de contratar más personas, es pensar que el agua puede esperar y nosotros pensamos que no es así”, recalca, a propósito del revuelo que está provocando la tramitación de la reforma al Código de Aguas, algunas de cuyas modificaciones según la Sociedad nacional de Agricultura (SNA) serían inconstitucionales y amenazarían el derecho de propiedad de los titulares de derechos de aprovechamiento del recurso.

“El agua es bien de uso público, no un bien de mercado”

“Son propuestas serias, responsables y perfectamente coherentes con la Constitución y así lo acaban de señalar destacados constitucionalistas en la Comisión de Recursos Hídricos”, responde Estévez en alusión a la asistencia de los abogados Arturo Fermandois y Emilio Pfeffer a una de las últimas sesiones de ese grupo de trabajo de la Cámara de Diputados.

El jefe de la DGA recalca asimismo que lo que se discute hoy es la indicación sustitutiva al proyecto de reforma al Código presentada por el Gobierno que contempla la priorización de usos del agua para consumo humano y saneamiento; entrega mayores atribuciones a esa Dirección para limitar y redistribuir las aguas, especialmente en situaciones de escasez hídrica, y exime a los solicitantes de derechos para agua potable rural del mecanismo de remate.

Asimismo fija causales de caducidad del derecho de aprovechamiento de aguas por el no uso efectivo del recurso o la omisión del titular de cumplir la obligación de registro y establece un sistema de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas sobre la concesiones de 30 años renovables precia verificación de uso efectivo del recurso.

“El propósito de las indicaciones es intensificar el carácter del agua como bien nacional de uso público, como está definida en el Código Civil y en el Código de Aguas, porque no es un bien de mercado” señala y enfatiza que los ejes de la reforma son el acceso al recurso para consumo humano y saneamiento en conformidad con la resolución de Naciones Unidas en tal sentido buscar un equilibrio entre el uso del agua y su sustentabilidad; posibilitar la mejor eficiencia en el aprovechamiento de aquélla y el buen funcionamiento del mercado, que se ve alterado por prácticas como el no uso del agua o la falta de inscripción de los derechos de aprovechamiento en el Conservador de Bienes raíces para eludir el pago de patente.

Multas Irrisorias

Estévez expone que la DGA “está planteando que en situaciones críticas o en que la sustentabilidad del acuífero esté en juego, la autoridad pueda adoptar decisiones que aseguren el buen funcionamiento del balance hídrico”, para lo cual hoy no está facultada y solo puede prorratear las agua si un tercero se lo solicita expresamente al ver perjudicados sus derechos.

Además, en alusión a la agenda legislativa vinculada con el recurso hídrico, recalca la intención de revisar la iniciativa sobre fiscalización y sanciones que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. “Creemos que es tiempo de reabrir la discusión y ver si vamos a hacer algunas indicaciones porque hoy en día la realidad es que quien contraviene el Código de Aguas, quien usurpa agua, quien la extrae de modo ilegal, tiene unas multas que son irrisorias”.

“Si uno va a la Ligua o a Petorca” – prosigue – se encuentra con que esto es un problema gravísimo, que aunque la unidad de fiscalización actúe adecuadamente y remita todos los antecedentes al tribunal correspondiente, los resultados son casi cómicos. Esto es muy triste. Es más bien tragicómico.

Pregunta.- En el marco del cambio climático, ¿la sequía llegó a esta zona para quedarse como en la Región de Coquimbo?

Respuesta.- Si uno dividiera las aguas que corren en el globo terráqueo por el total de sus habitantes, el promedio mundial – y no estoy hablando de estos años, - es de 6.600 metros cúbicos por persona al año. En la región de Valparaíso, en los últimos 80 años, es al menos seis veces menor que el promedio mundial, y el de Chile es nueve veces mayor que este último.

En el país se han ido consolidando tres grandes macrozonas. Desde la Región Metropolitana al norte, me atrevería a decir que se está constituyendo una macrozona de aridez, semiaridez o desertificación. En ese grupo de regiones, Valparaíso es la que tiene más disponibilidad de aguas de escorrentía superficial: se acera a los 900 metros cúbicos por persona al año. Pero hay zonas en el extremo sur que tienen millones de metros cúbicos. Entonces, el tema es evaluar en forma seria y metódica una nueva institucionalidad hídrica que se haga cargo de un problema muy claro: tenemos respuestas homogéneas para un país que es heterogéneo.

P.- En el corto plazo, pensando en el agua potable rural que funciona con pozos que se están secando, como parece ser también la situación en algunos balnearios de la región, ¿qué podemos esperar?

R.- Cuando hay buena situación hídrica la gente dice “el mercado funcionó bien” y cuando ocurre lo contrario pregunta qué hace el Estado al respecto.

Yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo. Nosotros creemos que ya llegó la hora de definamos por ley que el agua para el consumo humano debe tener una prelación y prioridad distinta y diferenciada, y eso hoy día no está en la ley. Cuando se trata de agua potable, de agua potable rural particularmente, si se pide agua para ese fin y una empresa solicita los mismos derechos para uso productivo, pensamos que no debe utilizarse el mecanismo de remate para determinar quién se queda con el agua. No deben utilizarse solo mecanismos de mercado. Nosotros no somos enemigos del mercado, pero creemos que cuando hay que garantizar un bien esencial para la comunidad y que tiene que ver con la salud y la vida, hay que tomar decisiones radicales, claras y expeditas y eso tiene que ver con la reforma al Código de Aguas.

Los embalses

Los productores agrícolas dicen que por falta de embalses se pierden anualmente 1.200 millones de metros cúbicos que pasan por el Aconcagua y van a dar al mar y que con un cuarto de esa agua la región de Valparaíso no tendría problemas.

El Ministro Alberto Undurraga ha anunciado un plan de embalses para la región. Esto se ha trabajado y conversado con la Comisión Nacional de Riego y en forma coordinada con la Dirección de Obras Hidráulicas de nuestro Ministerio. Creemos que efectivamente en la región de Valparaíso hay que trabajar en esa línea, es necesario hacerlo. Hay lugares donde las soluciones son de carácter distinto y a veces son muy complejas. Puntilla del Viento es un ejemplo porque hay personas que se encuentran en el lugar donde se desarrollaría el embalse. Sin embargo, no toda el agua que llega al mar se pierde. No hay que olvidar el componente de sustentabilidad y ecológico. Hay vida que depende del encuentro entre agua dulce y salada. Pero creemos que estamos en condiciones de hacer mayores inversiones para asegurar y mejorar el riego, por una parte, y por cierto para asegurar el consumo humano.

Críticas de la SNA

La SNA ha sido muy crítica de la reforma al Código de Aguas, planteando que extendería a derechos ya concedidos las limitaciones que tendrían las nuevas concesiones de derechos de aguas, y eso lo ve como una amenazan al derecho de propiedad.

No estamos discutiendo la idea de legislar. En esa etapa alguien puede decir que es conveniente o inconveniente hacerlo. Algunos pueden creer que puede esperar y por lo tanto hay que tomarse 10 o 20 años antes de tomar decisiones de fondo. Nosotros creemos que el agua no puede esperar. El Código de Aguas se pensó y se trabajó en la segunda mitad del siglo 20. Estamos en el siglo 21, el fenómeno del cambio climático es evidente y tenemos que hacer  cambios. Por otra parte, los constitucionalistas que asistieron a la comisión de recursos hídricos plantearon claramente que no hay un reproche de constitucionalidad en la materia  y que no consideran que las propuestas de extinción de los derechos o caducidad en los casos excepcionales que se están planteando puedan ser inconstitucionales.

P.- ¿La reforma toca los derechos ya concedidos de aprovechamiento de aguas?

R.- La reforma toca todos los derechos y en algunos aspectos hace una distinción entre aquellos a concederse respecto a los concedidos. La reforma del año 2005, que estableció el pago de patente a quien no usaba el agua, a través de una presunción en función de la existencia o no de obras para extracción de la misma, afectaban derechos que existían. Eso es algo que el legislador puede hacer siempre; la Constitución así lo determina. Distinto es que afecte la esencia del derecho o que esta afectación llegue a significar una suerte de extinción del derecho, que nosotros estamos planteando en casos muy específicos, donde además no existe el factor sorpresa ni de imprevisibilidad, donde depende del propio titular si puede o no ser afecto de esta extinción de derechos.

P.- También la SNA teme que la calificación del mal uso de derechos de aprovechamiento pueda ser parcial o arbitraria.

R.- No es arbitrario, está en la ley hoy día. Creo que en estos 20 años no ha habido ningún reclamo de arbitrariedad al respecto, porque la ley determina específicamente qué se entienden por el no uso del recurso en el artículo 129 bis y siguientes. No se está cambiando esta norma. Se está aplicando la misma porque es objetiva y clara, no puede ser objeto de discreción.

P.- La misma SNA plantea que la normativa vigente en materia necesita algunos ajustes, pero en general funciona. ¿Funciona?

R.- Hay cosas que funcionan, otras que no funcionan y hay cosas que funcionan mal. Creer que nuestra institucionalidad y nuestra legislación está preparada para el fenómeno climático con la normativa que actualmente tenemos sería un grave error. Creer que esta iniciativa de la que estamos hablando es la única y definitiva ley que hay que hacer para enfrentar los grandes desafíos que tenemos por delante sería también un grave error. Nosotros creemos que hay que hacer cambios múltiples cambios, además de revisar la iniciativa sobre fiscalización y sanciones.

P.- ¿Cómo cuáles?

R.- La Presidenta señaló en su discurso del 21 de mayo que se va a remitir un proyecto de ley vinculado con la protección de los glaciares, lo que será una tercera iniciativa con algún efecto sobre la normativa de aguas. La cuarta. Regular el buen funcionamiento a nivel de cuencas, de la gestión integrada de recursos hídricos y empoderar a las organizaciones de usuarios.

Además tenemos un serio problema de institucionalidad hídrica; no puede ser que tengamos más de 100 funciones distribuidas en más de 40 organismos que muchas veces se yuxtaponen. Se requiere una mirada conjunta. Es tan así que ya en 2009 la presidenta Bachelet constituyó una coordinación interministerial de recursos hídricos y hoy tenemos funcionando un comité de ministros abocado a la materia. Es necesario abordar el tema de una nueva institucionalidad que esté a la altura de los tiempos. Todo esto apunta a una sola cosa: no sería aceptable que en medio de una sequía como la que estamos viviendo, en medio del fenómeno del cambio climático y además existiendo debilidades serias como las que existen, nosotros nos quedáramos cruzados de brazos”.

Más recursos para cumplir la labor de fiscalización

Sobre la crítica que se le ha formulado a la DGA en el sentido que habría descuidado su rol fiscalizador, Carlos Estévez expone que en su estructura orgánica el organismo no tiene una división de fiscalización fue creada a posteriori como una unidad y se ha mantenido en el tiempo gracias a la ley de presupuestos. “Hasta antes del 1 de enero del 2015 esta unidad ha tenido 31 funcionarios que o están 100% dedicados a fiscalización porque deben también realizar fiscalización ambiental. Pero en la discusión del presupuesto 2015 pedimos que el ítem para dotación de recursos humanos pueda ir creciendo, de modo que cuando se termine el gobierno de la presidenta Bachelet se cumpla con las recomendaciones del informe del Banco Mundial 2011, que dice que a la DGA le faltan 105 profesionales para poder cumplir sus funciones. Yo podría preguntar en qué año de la administración anterior se aumentó la dotación de la DGA. Para 2015 se regularizó el déficit y se autorizó el crecimiento en 29 profesionales para fiscalización y gestión, toda vez que efectivamente se arrastra desde hace muchos años lentitud en la tramitación de expedientes.

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