El 60% de la explotación de oro de aluvión en Colombia, extraído de corrientes de agua, se hace al margen de la ley y, en muchos casos, alimenta una cadena productiva que financia y fortalece el crimen organizado.
Este es uno de los datos que revela un nuevo informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), elaborado en conjunto con el Gobierno colombiano.
El estudio también señala que en 2014 en Colombia, esta actividad abarcaba más de 78.000 hectáreas en 17 de los 32 departamentos del país.
Leonardo Correa, coordinador técnico del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos ilícitos de la UNODC en Colombia, declaró a Radio ONU que es posible detectar la extracción de oro de aluvión a partir de imágenes de satélite y que esa metodología se puede integrar al sistema de control de las plantaciones ilícitas.
“La aplicación de la metodología encontró que una cantidad importante de las áreas afectadas por explotaciones de oro de aluvión coinciden con territorios afectados también por cultivos ilícitos”, explicó.
Correa añadió que este fenómeno se concentra especialmente en Antioquía y el Chocó, donde se verificó el 79% de esa explotación. En esas zonas –dijo -- no se aplican las normativas establecidas por el Gobierno colombiano para la explotación lícita del mineral.
El experto añadió que este monitoreo permite obtener información objetiva, algo de gran utilidad para los estudios sobre fenómenos de criminalidad.
Según el documento, existe una estrecha vinculación de la explotación de oro con los cultivos de coca. Por ejemplo, en Caquetá, Nariño y Putumayo, más del 80% de este tipo de minería se realiza en territorios donde existen plantaciones de coca.
“El estudio es perfectamente replicable en otras zonas, sobre todo de Sudamérica, donde las condiciones son similares. Hay una serie de lecciones que podemos comenzar a compartir, sobre todo en la región, donde estamos sufriendo el fenómeno de extracción ilegal de las riquezas de los países”, acotó.
Correa sostuvo que el estudio tendrá una segunda fase en 2016 que contempla un informe analítico sobre la dimensión económica y la vulnerabilidad de los territorios afectados por ese fenómeno, así como un levantamiento de las sustancias químicas involucradas en las actividades de explotación.
