La delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, ha acusado este jueves al gobierno de Vigo de "ineficacia" en la gestión del agua, por cobrar a los ciudadanos "mucho más" de lo que se hace en otras localidades de Galicia.
En declaraciones a los medios, Bravo Bosch acusó al alcalde de "intentar engañar a los ciudadanos" al decir que la Administración gallega subirá el recibo del agua y, en ese sentido, precisó que "la repercusión de la parte autonómica del recibo es de menos del 10%".
Así, indicó que el Ayuntamiento es el "responsable" de "todo lo que se cobra por el agua salvo esa décima parte" y, teniendo en cuenta que el recibo de consumo se realiza por tramos y no por consumo real, ha considerado que el Consistorio olívico "ha decidido cobrar a los vigueses mucho más que el resto de Galicia".
El recibo de consumo mínimo de Vigo es el más caro de toda la comunidad.
En ese sentido, mantuvo que "el recibo de consumo mínimo de Vigo es el más caro" de toda la comunidad" y denunció que la urbe carece de un "sistema progresivo -en la tarifa del agua- que exige la política de ahorro de la UE". "Creo que incluso en el futuro puede ser sancionable", advirtió la delegada, quien denunció que el Ayuntamiento cobra a cada vigués, consuma o no, "un fijo, pero un fijo muy alto".
En el caso de la parte de la Xunta en el recibo del agua vigués, indicó que tiene una parte "fija" y otra "variable" y que esta variable va según el consumo que se realice, y teniendo en cuenta el número de residentes en el domicilio. Además, rechazó que el Gobierno autonómico obligue a la Administración local a "repercutir" a los ciudadanos ese canon.
ETAP
"La ineficacia del gobierno vigués es la que le cobra a los ciudadanos mucho más que en Ourense, Lugo y A Coruña por el consumo mínimo", censuró la representante de la Xunta en Vigo, quien aseguró que ella "jamás" ha estado de acuerdo con un sistema con el que "se penaliza al que no consume y se favorece al que consume excesivamente", aludiendo a la tarificación que se realiza en Vigo.
Finalmente, criticó que el dinero que el Ayuntamiento obtuvo a través de la prórroga del contrato con la concesionaria Aqualia se haya destinado a humanizaciones cuando la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Casal "adolece de muchísimas cosas".
