(MAGRAMA) El Gobierno ha autorizado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las obras de emergencia para eliminar las conexiones de aguas superficiales con las redes de saneamiento y la conexión de vertidos en el Alto Órbigo (León), por un importe de 2,5 millones de euros.
Con estas obras de emergencia se soluciona la evacuación de aguas en los colectores de las diversas poblaciones de esta zona de la provincia de León, donde se lleva a cabo un amplio proyecto de depuración que beneficia a 56 núcleos urbanos donde residen unos 37.000 ciudadanos.
Esta evacuación de aguas procede de arroyos, acequias de riego, etc., y gracias a estas obras de emergencia se incorporan todos los vertidos restantes al sistema de depuración del Alto Órbigo.
El proyecto de Emisarios y Depuración de Aguas Residuales de las poblaciones del Alto Órbigo se engloba en las actuaciones que llevan a cabo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para tratar las aguas residuales urbanas. La Directiva Europea establece las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas, exigiendo una depuración secundaria a las poblaciones mayores de 2.000 habitantes-equivalentes y una depuración adecuada al resto de poblaciones.
El proyecto en la zona del Alto Órbigo recoge la construcción de 21 infraestructuras necesarias para la depuración de las aguas residuales de 56 núcleos urbanos de la provincia de León situados entre las localidades de Llamas de la Ribera y Requejo de la Vega, que en la actualidad vierten sus aguas residuales directamente al río Órbigo o en sus proximidades.
Proyecto muy avanzado
Estas obras incluyen la ejecución de 60 kilómetros de colectores, 3 depuradoras de fangos activados de aireación prolongada (Tipo A), 8 depuradoras de oxidación prolongada (Tipo B1), y 10 de oxidación total (Tipo B2). Las tres depuradoras mayores están ubicadas en las proximidades de Carrizo de la Ribera, Benavides de Órbigo y Villoria de Órbigo.
El proyecto fue aprobado en 2006, junto con su expediente de información pública, después de haberlo sometido a Evaluación de Impacto Ambiental. Las obras, prácticamente finalizadas tras una inversión de más de 24 millones de euros, se iniciaron en 2008.
