El Gobierno de Aragón veta las depuradoras verdes como alternativa

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La Chunta Aragonesista es un partido político español cuyo ámbito de actuación es la comunidad autónoma de Aragón.
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  • El Gobierno pone obstáculos a las depuradoras verdes.

David Félez, responsable de la secretaría de medio ambiente de CHA, denuncia que los pliegos para la licitación y construcción de las depuradoras “incluyen unas condiciones económicas y técnicas que hacen imposible que entren los proyectos de depuradoras verdes. El Gobierno de Aragón pretende gastar más de 40 millones de euros de dinero público en lugar de estudiar una alternativa que costaría unos 4 millones”.

CHA ha presentado alegaciones ante la convocatoria para la licitación de un contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyectos, construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para la depuración de las aguas residuales de la zona 10-A (Beceite, Cretas, La Fresneda, Peñarroya de Tastavins y Valderrobres).

David Félez explica que “este contrato no refleja las alegaciones estimadas anteriormente entre la que se encontraba la de incluir otros sistemas de depuración alternativos al EDAR que promueve el Gobierno de Aragón”. Desde CHA se considera que “el interés de la Consejería de Medio Ambiente por imponer un tipo de depuradoras en concreto es desmedido” y critica que “prefieran gastar 40 millones de euros de dinero público, hipotecar el futuro de los municipios, antes que promover nuevos modelos de depuración que darían el mismo servicio invirtiendo unos 4 millones de euros”.

El actual pliego de condiciones hace imposible que las depuradoras verdes opten a la construcción.

El responsable de la secretaría de medio ambiente de CHA considera que el actual pliego de condiciones “hace imposible que las depuradoras verdes opten a la construcción: las condiciones económicas previas no se ajustan a los costes que suponen una depuradora de filtro verde; los criterios de valoración se establecen en función de las depuradoras actuales, sin contemplar otros modelos; el Gobierno de Aragón establece los lugares de ubicación, algunos hacen inviables establecer en ellos una depuradora de filtro verde; los pliegos técnicos están pensados para el modelo actual de depuradora y, por último, no se cumple con el principio de que los ayuntamientos tengan voz en la decisión sobre qué sistema de depuración emplear”.

Los motivos son varios. Por una parte porque las condiciones económicas previas (garantía provisional, definitiva, complementaria y capital social mínimo) son excesivas “deberían ajustarse a la posibilidad de que haya ofertas más económicas que las contempladas en la licitación”- indica David Félez.

Tal y como se explica en las alegaciones “es obvio que para un contrato de 3.500.000 € (precio estimado de la construcción y concesión a 20 años de depuradoras de filtro verde), establecer unos avales bancarios de 961.782 €, es totalmente desproporcionado. Los gastos financieros de mantener esa garantía durante 20 años hacen del todo inviable un contrato de 3.500.000 €. Lo mismo sucede con la obligación de que el capital social de la nueva sociedad concesionaria deberá ser, en ningún caso, inferior a 8.149.936,86 €, que duplica el volumen global del contrato.”

Por otro lado, los criterios técnicos de valoración se establecen pensando en modelo tipificados “es decir, en las depuradoras que le interesa instalar al Gobierno de Aragón”.

Otro de los obstáculos que encontrarán quienes presenten sistemas alternativos es el de la ubicación. En los pliegos actuales se dice que “los proyectos se ubicarán en el sitio que mejor les parezca dentro de las parcelas previstas en los anteproyectos. Pero hay ubicaciones que no son adecuadas para las depuradoras más económicas y sostenibles de filtro verde”.

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