La depuradora de Ourense se demolerá por sentencia judicial, pero no antes de que se ejecute la nueva

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  • El juzgado de Ourense abre la puerta a que los denunciantes pidan indemnizaciones por "responsabilidad patrimonial" a la administración.

La depuradora de Ourense se demolerá por sentencia judicial pero no antes de que se ejecute la nueva, que, según el cronograma de obras presentado por Acuanorte ante el titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Ourense, entrará en funcionamiento en abril de 2016.

En su fallo, que el ayuntamiento dio a conocer este jueves tras una década de protestas vecinales -y un litigio- por olores y molestias, el juez explica que la anulación de licencia de la depuradora fue confirmada por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), al que también llegó la petición de "ejecución forzosa de sentencia".

Y es que el Ayuntamiento de Ourense había objetado la "inejecución de la sentencia por imposibilidad legal", dado que ninguna instalación podía "suplir" su actividad. Así, había alegado que su clausura generaría "afecciones importantes a ecosistemas acuáticos por el vertido de aguas sin depurar de 100.000 habitantes".

La depuradora de Ourense se demolerá por sentencia judicial pero no antes de que se ejecute la nueva

En estos argumentos, el Consistorio ourensano contó con el respaldo de informes de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y de la propia Acuanorte.

"Reprochable retraso"

Ante ello, la sentencia admite que la clausura "sin más" de la depuradora ocasionaría el vertido directo al río Miño de aguas residuales de la ciudad, lo que causaría mortandad de flora y fauna y un "grave riesgo higiénico sanitario y epidémico" para los habitantes de los municipios situados aguas abajo.

Así, apunta que el cierre "sin más" no beneficiaría a los denunciantes, sino "al contrario, porque el vertido sin depurar sería en el mismo lugar de Reza, donde viven, y generaría un olor pestilente mucho peor que el que actualmente dicen padecer".

En ese sentido, advierte a las administraciones competentes contra la posibilidad de que "incurran en reprochable retraso en la ejecución de la sentencia anulatoria", aunque reconoce que ya están "tomando las medidas necesarias para cerrar la instalación, con la adjudicación del contrato para la construcción de otra nueva".

En cuanto a otro de los argumentos esgrimidos por los denunciantes en 2003, "la existencia de una norma que ponía en 2000 metros el límite de distancia entre una instalación insalubre o peligrosa y la población habitada más cercana", ya desapareció.

Se refiere así a que esa norma fue anulada a través de la Ley 34/2007, pero subraya que "la nueva depuradora deberá cumplir la vigente normativa, en la que se recogen numerosas exigencias técnicas para evitar emisiones de olores y ruidos".

Posible responsabilidad patrimonial

Con todo lo anterior, el magistrado también apunta a los denunciantes la posibilidad de reclamar por vía administrativa la "responsabilidad patrimonial de las administraciones por los perjuicios definitivos padecidos" durante los 10 años transcurridos.

A lo largo de este tiempo, se fueron tomando medidas correctoras en la depuradora para paliar olores y molestias, pero los vecinos tuvieron que hacerles frente con "importantes gastos para mitigarlos", como instalación de ventanas dobles o sistemas de refrigeración.

En las nueve páginas de la sentencia, el juez recuerda que se rechazó la "inejecución de la sentencia" esgrimida por el Ayuntamiento de Ourense pero que, en realidad, el cierre y demolición de la depuradora antigua se supeditará al cronograma de obras de la nueva.

Éste prevé que este mismo año se construya un silo para fangos y que los meses entre enero y abril de 2016 se destinene pruebas de funcionamiento de la nueva depuradora. El desmontaje de equipos de la actual está fijado para mayo de ese mismo año.

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