El grupo del PSdeG de la Diputación de Ourense ve responsabilidades en la "nefasta gestión" de fondos europeos para las depuradoras por parte del que fue presidente del organismo provincial José Luis Baltar y del vicepresidente de los años 2003-2004, actualmente delegado de la Xunta, Rogelio Martínez. Los expedientes, destaca, "contaron siempre con el respaldo político" de ambos.
Así, los socialistas han instado al juzgado a no quedarse en la imputación técnica "sino que ese sea el primer paso hacia la declaración de los políticos".
En un comunicado, el PSOE de la Diputación indica que las firmas de Baltar y Martínez están en toda la documentación de los proyectos Daredo y Deputrans, que recibieron fondos europeos, "y avalaron, impulsaron y firmaron" las actuaciones relativas a esos planes, además de las del técnico, funcionario jefe del servicio de Aguas y Medio Ambiente, Javier B.V., llamado a declarar como imputado.
El PSOE espera que las imputaciones no queden sólo en el ámbito técnico, sino que se vaya más allá
"Hay que esclarecer que papel jugaron los responsables políticos en este proceso", reclaman los socialistas, en un comunicado en el que el portavoz, José Ignacio Gómez, expresa su "total respeto por la Justicia".
"Nos congratulamos de que este caso se reabra", indica Gómez, en alusión al archivo previo al informe de la Olaf en septiembre de 2013 instando a la devolución de 10,123 millones de euros por irregularidades en esos proyectos, tras las primeras alegaciones presentadas por la Diputación en enero de 2013.
Los socialistas explican que el juzgado comenzó la instrucción del "caso de las depuradoras" después de que entregasen toda la documentación de la que disponían en octubre de 2013, el mismo día en que lo hicieron los nacionalistas, también en la oposición.
"El PSOE espera que las imputaciones no queden sólo en el ámbito técnico, sino que se vaya más allá, hasta todos aquellos que fueron actores en este proceso", instan.
En ese sentido, detallan que las firmas de Baltar y Martínez están en "toda la documentación aportada a la Fiscalía y en las gestiones realizadas por ellos ante los ayuntamientos para que fuesen instaladas las depuradoras".
El PSOE, según su comunicado, lleva diez años denunciando políticamente estos hechos y dice creer que la "nefasta gestión de los fondos europeos tiene unos responsables políticos que son los que estuvieron al frente de esos planes".
