La Diputación de Cádiz solicitó a la Junta de Andalucía, en abril de 2013, la limpieza de siete cauces como remedio para evitar o minimizar los daños causados en las carreteras de la red provincial por desbordamiento de sus aguas. El plan de limpieza en ríos y arroyos, divulgado esta semana por la administración autonómica, atiende parcialmente la demanda de Diputación ya que sólo incluye la limpieza de tres cauces y deja fuera a otros cuatro.
A tenor de esta situación el vicepresidente segundo de la institución provincial, Bernardo Villar, ha solicitado la inclusión de los siguientes arroyos en las previsiones de la Junta: el arroyo Salado, en Paterna, que afecta a la CA-4107, concretamente en el punto kilométrico 2´5; el arroyo del Salado, en Espera, en el que se registran avenidas en el punto kilométrico 2´8 de la CA-5101; el arroyo del Hornillo que afecta al punto 8´5 de la CA-6105 que discurre por los términos de Villamartín y Arcos; y el arroyo de los Molinos, en Tarifa, que suele desbordarse en el punto 4´1 de la CA-9210. La petición de Bernardo Villar se concreta en una carta dirigida al delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Federico Fernández.
En la misiva enviada por Villar, y ante la falta de concreción del plan anunciado por la Junta, también se recuerdan los lugares precisos donde suelen desbordarse los cauces que sí han sido considerados en el programa de limpieza: las crecidas del arroyo Bocanegra invaden el punto 6 de la CA-3109 que comunica la población de El Portal con la autovía Jerez-Los Barrios; el río Guadalporcún causa severos daños en el punto 7´9 de la CA-9120 que une Torre Alháquime y Setenil y que obligó, incluso, a la reciente construcción de un nuevo viaducto. Este mismo cauce mantiene cortada la carretera CA-9101 entre Olvera y Coripe; y el río Guadalete afecta a las carreteras CA-3113 Puerto Real-La Ina (en el punto 17´65) y a la CA-3110 (de La Ina) en elpunto 2´5.
Fue el presidente de Diputación, José Loaiza, quien solicitó hace un año la limpieza de los cauces al delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil. Motivaba la reclamación en una carta trasladada el 10 de abril de 2013 al titular de la administración autonómica en Cádiz, con indicación de ríos y arroyos, carreteras y enclaves concretos afectados.
Loaiza refería a López Gil el diagnóstico concluido en informes técnicos que revelaban que diferentes cauces habían elevado su lecho “por la falta de limpieza y mantenimiento (…) siendo ésta una competencia de la administración autonómica”. La situación de ríos y arroyos colmatados justificaba la limpieza “para evitar que se repitan consecuencias catastróficas como las ocurridas (en el invierno y primavera pasados), con gran incidencia en la población y economía de las zonas afectadas”.
Una semana después de dicha carta a López Gil –exactamente el 17 de abril de 2013- el Pleno de Diputación aprobaba una moción del grupo Popular en demanda de la limpieza de los cauces. La iniciativa prosperaba con los votos favorables de PP y PA, la abstención de IU y el rechazo del grupo socialista.
Diputación resolvió en el año 2013 medio centenar de reparaciones en vías de la red provincial, muchas de ellas originadas por el desbordamiento de ríos y arroyos. Sólo en intervenciones de emergencia –al margen de los programas ordinarios de obras- invirtió más de 700.000 euros con la finalidad de restablecer el tráfico en condiciones de seguridad y no dejar ninguna población aislada.
