Los cuatro procesados por delito de contaminación ambiental por actividades de minería ilegal en Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, aceptaron su participación y manifestaron su voluntad de reparar el daño ambiental que cometieron. Eso se resolvió el 14 de octubre, durante la audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal de Garantías Penales de esa provincia.
Ese día, los acusados presentaron ante el Tribunal una solicitud de suspensión condicional del procedimiento, una medida alternativa de mediación que considera el cumplimiento de ciertas condiciones a fin de que los acusados puedan reparar el daño causado, manteniendo su libertad.
El Presidente del Tribunal puso la solicitud a consideración de la Fiscalía y del Ministerio del Ambiente (MAE). Las dos instituciones aceptaron, teniendo en cuenta que los implicados deberán aplicar un plan de manejo que se ajuste al Informe de Valoración por Daños Ambientales generados en esa zona. Dentro de ese informe, los peritos ambientales del PRAS-MAE calcularon un valor de daño de 3.438.556 dólares.
Para poder ejecutar la suspensión condicional, los procesados deberán cumplir las siguientes condiciones en un plazo de dos años:
- Los acusados deberán abstenerse de realizar actividades mineras en la parroquia 28 de Mayo, del cantón Yacuambi, específicamente en las riveras del río Tutupali.
- Los acusados tienen un plazo de dos meses para presentarle al PRAS un Plan de Remediación y Reparación Ambiental del área afectada por ellos, el mismo que deberá ser ejecutado por los acusados y supervisado por el PRAS-MAE; todo esto sobre la base del Informe de Valoración de Pasivos Ambientales presentado dentro del juicio como prueba del MAE.
- Los acusados deberán presentarse el último día de cada mes ante la Fiscalía que llevó el caso.
- Los procesados deben realizar programas de concientización educativa a todos los estudiantes de escuelas y colegios de la parroquia 28 de Mayo, del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, dos veces al año, por 2 años. Deberán tratar temas relacionados con prevención del daño y cuidado ambiental.
- Los procesados no podrán cometer otro delito, es decir no deben tener otra Instrucción Fiscal.
La suspensión condicional del procedimiento no representa la terminación del proceso judicial. Si los acusados incumplen con alguna de las condiciones, se procederá a solicitar la revocatoria de la decisión y entonces se continuaría con la audiencia de juzgamiento y con una sentencia sin opción a un segundo pedido de suspensión.
Para el Ministerio del Ambiente (MAE) el resultado de este juicio constituye un precedente legal, pues por primera vez en el Ecuador se está aplicando un proceso alternativo en materia penal, relacionado con delitos ambientales, conforme lo establece la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.