El 4 de noviembre de 2013, siete de los ocho procesados por delito ambiental, implicados en actividades de minería ilegal en la parroquia Sigsig, provincia del Azuay, aceptaron su responsabilidad y manifestaron su voluntad de reparar el daño ambiental que cometieron en el Bosque Protector de la cuenca del Río Paute ante el Segundo Tribunal de Garantías Penales del Azuay.
El 30 de enero pasado, Fabio G., Wladimir V., Wilman O., Ángel O, Isabelina P., Luis C., y José V., fueron implicados en actividades extractivas ilegales junto a otras 34 personas, luego de un operativo interinstitucional denominado Ayllón 3.
Esa madrugada 235 policías y 105 miembros de las Fuerzas Armadas, junto a funcionarios del Ministerio del Ambiente (MAE), la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y la Fiscalía llegaron a una zona afectada por la minería aurífera aluvial. Además de ejecutar las detenciones se inhabilitó cinco campamentos y se detuvo a 41 personas, 21 ecuatorianos y 20 colombianos.
Posteriormente, se abrieron cinco procesos judiciales de carácter penal, uno por cada campamento ubicado en parte del bosque protector. Los procesados a los que se hace referencia en este comunicado trabajaban en el campamento uno.
Para que la suspensión condicional sea concedida los implicados se comprometieron a cumplir con los siguientes requisitos:
- Deben abstenerse de realizar actividades mineras ilegales en el Bosque Protector de la Cuenca del Río Paute, cantón Sigsig, parroquia Sigsig y en otras partes del territorio nacional.
- Formularán un plan de remediación y reparación del campamento 1 de SigSig con la ayuda del departamento de Gestión Ambiental de la municipalidad de SigSig basada en los informes de Valoración suscrito por técnicos del PRAS, el mismo que deberá ser aprobado por el PRAS en el término de 2 meses y ejecutarse en 2 años.
- Recibirán capacitación en la Dirección Provincial del Ambiente del Azuay, una vez al mes por tres meses.
- No podrán tener instrucción fiscal por dos años, excepto el procesado José O., a quien por encontrarse prófugo se le revoca la medida sustitutiva y se ordena la prisión preventiva.
Este es el tercer caso en el cual la Justicia ecuatoriana acepta una solicitud de suspensión condicional del procedimiento en delitos de materia ambiental. La primera vez que se procedió de esta manera fue con cuatro procesados por delito de contaminación ambiental por minería ilegal en Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe. La segunda experiencia se obtuvo en el caso del campamento cinco en Sigsig.
En todos los casos citados, la aplicación de esta medida alternativa no representa la terminación de los procesos judiciales. Si alguno de los acusados incumple alguna de las condiciones, se procederá a solicitar la revocatoria de la suspensión condicional y entonces se continuaría con la audiencia de juzgamiento sin opción a un segundo pedido de suspensión.
