El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, ha destacado la capacidad de negociación de la Xunta de Galicia para conseguir una salida ordenada de Elnosa de la ría de Pontevedra en el menor plazo posible. Hernández intervino en el Pleno del Parlamento gallego, donde aclaró que el protocolo firmado recientemente fue el mecanismo para lograr que la empresa se comprometiera a abandonar su emplazamiento de Lourizán, desistiendo de instar a la prórroga de su concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre más allá del año 2018.
En este sentido, este protocolo ofrece seguridad a los vecinos de Pontevedra desde la perspectiva ambiental al fijar una fecha para el cese de actividad y el desmantelamiento de la factoría. Ha añadido que también ofrece garantías, desde la perspectiva socioeconómica, ya que una nueva localización, preferentemente en Pontevedra, permitirá mantener los empleos.
Misma postura
El conselleiro de Medio Ambiente ha reiterado que, con la firma de este protocolo, la Xunta no cambió de postura, sino que el fin de la vigencia de la autorización ambiental integrada en enero de 2014 quedó sin efecto en la práctica como consecuencia de los recientes cambios introducidos en la normativa estatal, por los que las AAI pasan a tener duración indefinida sin necesidad de prórroga.
Ha recordado que el Gobierno del Estado elaboró una transposición a la legislación española de la Directiva europea sobre emisiones industriales, en la que se recogen dos novedades: la primera, la supresión, con carácter general, de un plazo máximo de vigencia de las autorizaciones y su sometimiento la una nueva renovación periódica.
En segundo lugar, el establecimiento de un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejoras técnicas disponibles (MTD) para que las instalaciones existentes se adapten plenamente a ellas.
En resumen, las determinaciones de la renovación de la autorización ambiental integrada de diciembre de 2011, que excluían ulteriores prórrogas o renovaciones, quedaron sin efecto. “Esto fue así, no porque lo decidiera la Consellería de un modo arbitrario, sino por causa de la Ley”, que determina que las autorizaciones no se encuentran sometidas a un término final de vigencia, ni al deber de renovación periódica, explicó Hernández.
