El Gobierno español se implica en la búsqueda de una solución entre Panamá y Sacyr

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  • Canal de Panamá (NASA)
  • El Gobierno considera a Panamá un país amigo y cercano a España y por todo ello ha reafirmado su "deseo" e "interés" para que se encuentre una solución sobre este tema "a la brevedad posible".

El Gobierno español se ha implicado en la búsqueda de una solución entre el Ejecutivo panameño presidido por Ricardo Martinelli y el grupo empresarial liderado por la constructora española Sacyr que posibilite seguir con las obras de ampliación del Canal de Panamá.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy sigue con atención este asunto tras la decisión del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr y la italiana Impregilo y que en julio de 2009 se adjudicó el contrato de obras de ampliación del Canal de Panamá, de suspender dichos trabajos por los sobrecostes generados.

En este sentido, tanto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores como desde el de Fomento se está trabajando a través de contactos con sus respectivos homólogos en Panamá y con la empresa Sacyr para llegar a un acuerdo que ponga fin a este "desequilibrio comercial", han indicado a Europa Press fuentes diplomáticas.

Asimismo, el embajador de España en Panamá, Jesús Silva, ha seguido el tema desde que este miércoles se anunciara la suspensión de las obras de ampliación del Canal de Panamá coordinando posturas para ayudar a conseguir una solución satisfactoria "para ambas partes", han recordado estas fuentes.

El Gobierno considera a Panamá un país amigo y cercano a España, han indicado las mismas fuentes, y por todo ello ha reafirmado su "deseo" e "interés" para que se encuentre una solución sobre este tema "a la brevedad posible".

Martinelli viaja a España

Martinelli ha anunciado que viajará a España e Italia "para exigir a sus gobiernos" que se cumpla el contrato de las obras de ampliación del Canal de Panamá. "Yo voy a ir a Italia y España a exigirle a estos gobiernos", ha dicho, en declaraciones realizadas a la prensa local, indicando que irá acompañado de varios ministros y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Martinelli ha considerado que "hay una responsabilidad moral del gobierno italiano y del español" porque las empresas que forman parte del GUPC son de estos países.

A este respecto, ha recordado que en su primer año de mandato, 2009, los entonces presidentes de España e Italia le aseguraron que contaba con su apoyo para llevar a cabo este proyecto de infraestructura.

"Tanto el presidente de España como el de Italia en aquellos momentos nos dijeron que esto contaba con la responsabilidad solidaria de ellos", ha revelado, de acuerdo con la agencia de noticias británica Reuters.

Además, el jefe de Estado ha advertido de que "aquí no van a venir con el relajo que nos tiene en tres y dos a Panamá y todo el mundo", según ha informado el diario panameño 'La Prensa'.

Así las cosas, ha confiado en que los trabajos en esta vía interoceánica "se desarrollen bajo el contexto en el que se negociaron" porque "no puede ser que una empresa meta una cantidad de sobrecostes tan alta en una obra que es de la Humanidad".

"Espero que la obra continúe porque se están haciendo muchas inversiones a nivel mundial en barcos y puertos y es una gran irresponsabilidad de unas empresas, que por otros motivos y por cuestiones financieras propias en otros lugares, esto venga a perjudicar al Canal de Panamá", ha zanjado.

Suspensión de las obras

El GUPC, en el que participan la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, ha decidido dejar en suspenso la construcción del tercer conjunto de esclusas del Canal de Panamá si los incumplimientos denunciados no son remediados dentro del periodo de preaviso.

El GUPC ha presentado fundadas reclamaciones en relación con los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias "sobrevenidas e imprevisibles" ante las diversas autoridades competentes, incluida la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, según ha informado la constructora española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consorcio ha asegurado que ha venido desarrollando continuados esfuerzos para que dichas reclamaciones, cuyo importe global asciende a unos 1.625 millones de dólares, fueran atendidas por la ACP a medida que han ido surgiendo.

Sin perjuicio de lo anterior, el GUPC mantiene abierta la interlocución con la ACP para alcanzar un acuerdo satisfactorio que ponga fin al actual desequilibrio contractual.

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