Acciona ha cuantificado en 295,9 millones de euros como mínimo la compensación que debería recibir por parte de la Generalitat de Cataluña en caso de que finalmente deba aplicar la anulación del contrato de adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), como recoge una sentencia de junio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del pasado junio.
La compañía ha hecho esta cuantificación, basada en el pliego y el contrato de concesión, en un escrito dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que el organismo regulador solicitara a la empresa ciertas aclaraciones respecto al informe financiero de 2014 y del primer semestre de 2015.
Así, este importe de compensación sería sin tener en cuenta la correspondiente reclamación por gastos adicionales derivados de una terminación anticipada del contrato y por los posibles daños y perjuicios que pudieran proceder de la anulación de la adjudicación.
En la documentación remitida al regulador, Acciona constata que el contrato firmado con la Generalitat en diciembre de 2012 incluye una cláusula que se refiere a la resolución anticipada del contrato de concesión.
Señala que la compensación a la que se refiere dicha cláusula es aplicable en el caso de que la Generalitat tenga que ejecutar resoluciones judiciales que impliquen la resolución o anulación del contrato de concesión.
Según los cálculos de Acciona, la Generalitat debería pagar 281,2 millones de euros por la parte no amortizada del canon inicial; 4,4 millones por la parte no amortizada de las obras, instalaciones y otras inversiones realizadas hasta la fecha por la concesionaria, y 10,3 millones por gastos adicionales derivados.
El conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, cifró en 326 millones de euros el coste de anular la adjudicación de ATLL al consorcio liderado por Acciona.
Respecto a la actualización de la situación procesal de los litigios relativos a este contrato, Acciona informa a la CNMV que no ha habido cambios significativos más allá de haberse interpuesto los correspondientes recursos de casación ante el Tribunal Supremo, y añade que sus asesores jurídicos "no tienen duda" de que los recursos serán admitidos.
