En julio de 2013, Naciones Unidas adoptó el 19 de noviembre como Día Mundial del Retrete, bajo el lema “Saneamiento para todos”. Ya sea porque en muchas regiones del mundo sigue considerándose un tema tabú, un asunto ‘sucio’ o, simplemente, menos atractivo o llamativo que otros requerimientos básicos, no se le ha dado ni la publicidad ni se han divulgado prácticas ni conocimientos adecuados al reto que representa. En un mundo globalizado, donde parece que se ha conseguido llevar la señal de telefonía móvil hasta el último rincón, aún no se ha alcanzado la ‘revolución’ de que 2.400 millones de personas dispongan de un inodoro mejorado, de un retrete. Gracias a las luchas de las comunidades locales por acceder a unas condiciones de vida dignas, incluidos servicios higiénicos, y la protección de sus fuentes de agua dulce frente a las presiones corporativas se logró el reconocimiento del acceso al agua y al saneamiento como derecho humano. Agua y saneamiento han de verse, en la práctica, como un único derecho cuyo abordaje ha de hacerse conjuntamente.
En Paraguay hay alrededor de 2.600 organizaciones comunitarias con esa responsabilidad: son las llamadas Juntas de Saneamiento y Comisiones de Agua, que prestan servicio en zonas rurales y poblaciones de menos de 10.000 habitantes. La obra civil necesaria (pozo, depósito, tuberías, inodoros mejorados…) corre a cargo del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) pero, una vez entregada, son las propias comunidades quienes tienen que garantizar su buen funcionamiento, sufragar los gastos y facilitar la información necesaria para incorporar pautas de higiene que mejoren la salud de toda la comunidad y garanticen el mantenimiento de las propias fuentes de agua en condiciones salubres.
En este contexto, la Fundación Global Nature está desarrollando un proyecto en colaboración con la Fundación Moisés Bertoni y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) en la región oriental de Canindeyú para fortalecer el trabajo de estas organizaciones comunitarias. Las actividades incluyen la sensibilización de la población en la gestión sostenible de agua, el fomento de su participación en la toma de decisiones, la capacitación y formación de nuevos liderazgos –con especial énfasis en la incorporación de las mujeres en las comisiones directivas-, la articulación de estas organizaciones a nivel regional y nacional para lograr así una mayor incidencia en las políticas públicas de agua. También se pretende visibilizar el derecho al agua y saneamiento como un derecho sin el que resulta inviable la consecución de otros tantos derechos básicos hasta hacer comprensible –y transformarla en unas cuotas justas- la idea de que algo que corre libre en la naturaleza lleva aparejado un precio.
