(WWF) WWF expone en el informe ‘El fiasco del agua en El Alto Guadiana’ que la compra-venta de derechos de agua que ha llevado a cabo el Ministerio de Medio Ambiente no servirá para recuperar los acuíferos sobreexplotados de la zona. Por el contrario, según la organización, el Banco del agua del Guadiana ha gastado 66 millones de euros en adquirir derechos “de papel” de fincas sin riego en los últimos años y para legalizar a ilegales. En consecuencia, no solo no se ha ahorrado agua, sino que se ha consolidado un consumo que mantiene la actual sobreexplotación del acuífero 23, que alimenta al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
WWF considera un fiasco la compra de derechos de uso del agua en el Alto Guadiana, realizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana entre 2008 y 2012, y que ha supuesto un desembolso público de 66 millones de euros. A este gasto económico, hay que añadir el coste para la sociedad de seguir teniendo un gran acuífero sobreexplotado y contaminado: agua de mala calidad para los abastecimientos a poblaciones, falta de aportes de agua al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel e inseguridad de suministro de agua para la agricultura legal y otros usos a futuro.
Esta adquisición de agua se enmarca dentro del Plan Especial para el Alto Guadiana (PEAG), cuyo objetivo es alcanzar el buen estado del acuífero 23, según exige la legislación europea. Con esta finalidad, se propuso la compra de derechos de agua, destinando una parte (70%) al acuífero y otra a legalizar los pozos ilegales (30%). Esta es la teoría que apoyó WWF. Sin embargo, la realidad de este Plan fue que el 100% del agua, que supuestamente se había ahorrado, se ha destinado a legalizar ilegales.
WWF ha realizado un profundo estudio, mediante imágenes de satélite, del proceso de compra y cesión de derechos del PEAG y constata que el 83% de las explotaciones cuyos derechos fueron comprados no extraían agua, al menos, 5 años antes de venderlos. Por lo que, en lugar de comprar agua, se han adquirido “derechos de papel”.
El problema radica en que, para la compra de derechos, el PEAG exigía confirmar el uso del agua para regadío al menos en los 3 años anteriores a la compra. No obstante, la práctica fue que el banco de aguas del Guadiana solo exigió la existencia de agua en el pozo, un requisito que, en ningún modo, aseguraba que se había estado regando durante suficiente tiempo.
De este modo, de los supuestos 13,5 hm3/año de agua teóricamente recuperados, tan solo se estaban consumiendo 2 hm3. Además, 40 de los vendedores que sí usaban el agua la han seguido utilizando después de la venta, convirtiéndose en ilegales. El resultado es que la cifra final de agua realmente ahorrada descendería hasta los 1,1 hm3. Sin embargo, el 100% del volumen de agua pretendidamente adquirida por el Gobierno se ha destinado a legalizar a regantes ilegales.
A pesar de que el Banco de Agua del PEAG no ha funcionado como se esperaba, el Gobierno pretende ahora poner en marcha un nuevo banco de agua con el mismo modelo, pero esta vez entre particulares. WWF alerta de que los errores del Banco de Agua del PEAG están condenados a repetirse por la falta de transparencia y de buenas prácticas en la gestión del agua y que van a empeorar con el nuevo banco que se pretende aprobar con el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente.
Según Eva Hernández, Responsable del Programa de Aguas de WWF España: “El Banco del Agua del PEAG no ha funcionado por una falta de gobernanza debido a presiones políticas para legalizar a ilegales”. Y concluye: “Con este precedente, aprobar un nuevo banco de agua entre particulares en el Alto Guadiana no va resolver el problema del acuífero y supone un elevado coste económico, social y ambiental, por lo que WWF pide que se retire de la propuesta de Ley”.
