(EuropaPress) El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno aragonés, Modesto Lobón, ha manifestado que la Comunidad autónoma acudirá a los tribunales y a la Unión Europea si la Junta de Castilla y León no paraliza el proyecto de la mina de magnesitas a cielo abierto en Borobia (Soria), con afecciones medioambientales "graves" en Aragón, que "están sin estudiar".
En una comparecencia, en comisión, en las Cortes autonómicas, a petición de Chunta Aragonesista (CHA), Lobón ha explicado que ha mantenido una conversación con el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad castellanoleonesa para informarle de la posición del Ejecutivo aragonés en esta cuestión y ahora espera dirigirse al de Industria, como ya lo ha hecho su homólogo aragonés, Arturo Aliaga.
La Confederación Hidrográfica del Ebro tiene que otorgar la concesión de aguas.
Lobón ha argumentado que "la Junta no está ejerciendo bien las competencias" porque la declaración de impacto ambiental para este proyecto "no está bien hecha", "hay un defecto de procedimiento", es "inválida" y "lo que queremos es que las ejerza bien y podamos saber las afecciones de este proyecto en Aragón" para lo que es preciso "hacer otra declaración" y anular el actual expediente.
El consejero ha asegurado que el Ejecutivo aragonés "no piensa cejar" y "va a pedir la nulidad" del procedimiento, también en la vía contencioso-administrativa si la actuación política, mediante las conversaciones con la Junta de Castilla y León, no prospera.
Al respecto, ha reconocido que "no creo que la Junta tenga intención de cambiar y nosotros tampoco, por lo que el choque es inevitable, dentro del marco del Estado de derecho y autonómico".
En este contexto, ha comentado que si bien el Ministerio de Industria tiene "poco" margen de maniobra "por no decir nada", también están dispuestos a acudir a él para que conozca "nuestra postura y que Aragón va a llegar hasta el final" y por si puede ejercer "algún tipo de influencia política, jurídica" e incluso "psicológica" puesto que "nuestra causa es justa y se está pisoteando la seguridad" de la Comunidad autónoma aragonesa.
Intervención de Europa
El consejero de Medio Ambiente ha añadido que "no pierdo la esperanza de que Europa pueda intervenir" puesto que si bien ha archivado una queja presentada sobre este proyecto, lo hizo porque "quería que antes se agotaran las vías nacionales" y, puesto que estas "se están agotando", el Gobierno de Aragón "volverá a plantear" la queja.
El Ejecutivo autonómico "está dispuesto a dar la batalla" y a "agotar todas las vías", ha enfatizado Lobón, además mostrarse "en contra de lo que el PP nacional votó en las Cortes Generales" al no apoyar pedir la paralización del proyecto.
Por otra parte, ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Ebro "tiene que otorgar la concesión de aguas" y está haciendo unos estudios "que pueden impedir" que las dé, algo que abre "otra vía, si cabe, a la esperanza".
Oposición social e institucional
El diputado de CHA, Joaquín Palacín, ha destacado la "unanimidad" de todos los grupos de las Cortes de Aragón en contra de este proyecto, que se desarrolla en Soria, pero "cuyas afecciones más graves" al medio ambiente y a la salud pública "se dan en las comarcas aragonesas del Aranda y de Calatayud", con una oposición social e institucional en esas zonas "importante" puesto que afectará negativamente a su desarrollo económico y social, ha dicho.
El parlamentario ha querido conocer la opinión del consejero sobre el rechazo en el Congreso, entre otras cosas, por el voto en contra del Partido Popular (PP), a una iniciativa defendida por el diputado de CHA por la Izquierda de Aragón, Chesús Yuste, que pedía la paralización del expediente.
En este sentido, ha querido saber "qué gestiones ha hecho con el Gobierno central y con sus diputados aragoneses que votaron a favor de que continuara el proyecto", para pedirle "más contundencia, presión y que lleve hasta las últimas consecuencias la oposición" al mismo.
El diputado del Partido Socialista (PSOE), Ramón Laplana, ha estimado, en relación a la Junta de Castilla y León, que "es difícil que un Gobierno cambie cuando ha tomado una decisión", para advertir de que la petición de Aragón es "justa" porque su territorio va a tener una "afección mucho más directa que el soriano", "condicionando el desarrollo humano y socioeconómico presente y futuro".
Nuevas movilizaciones
El diputado de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, ha recordado que el próximo fin de semana tendrá lugar una movilización en la zona en rechazo al proyecto y ha sostenido que "no nos sirve que el Gobierno diga que no puede hacer nada más", para considerar que esta es una cuestión "de voluntad política en el marco del PP", que gobierna en Madrid, en Castilla y León y en Aragón, en este último caso en coalición con el Partido Aragonés (PAR).
El parlamentario de esta última formación, Joaquín Peribáñez, ha opinado que al anunciar la vía judicial "más contundencia no queda" y ha animado al consejero a llevarla adelante si la Junta "se muestra reacia de forma reiterada".
El diputado del PP, José Manuel Cruz, ha afirmado que "en ningún momento el Gobierno de Aragón ha estado de brazos cruzados", sino que ha realizado una "rigurosa y diligente defensa de los intereses" de la Comunidad a lo largo de todo proceso de este proyecto, que puede tener "efectos medioambientales adversos importantes" en la Comunidad aragonesa.
