En relación con el anuncio hecho público hoy por el Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña sobre la próxima convocatoria de una mesa de contratación para estudiar la mejor forma de dar cumplimiento a las recientes sentencias del Tribunal Supremo en relación con las medidas cautelares solicitadas en el proceso derivado de la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat (ATLL), el consorcio "ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A.", liderado por ACCIONA y BTG Pactual y actual concesionario y prestador del servicio manifiesta lo siguiente:
1) El actual concesionario del servicio ATLL continúa sujeto a un contrato formalmente vigente que le vincula frente a la Generalitat y permanece por tanto prestando el servicio al que se encuentra obligado con total normalidad y plenas garantías frente a los ciudadanos y los usuarios; y, espera y confía en que la Generalitat, como contraparte del contrato, adopte las decisiones que correspondan respecto de la continuidad de la relación contractual, respetando las obligaciones y atendiendo a las responsabilidades que igualmente le incumben.
2) Tales medidas deberán procurar en todo caso la satisfacción del interés general y asegurar la continuidad del servicio en interés de los ciudadanos, al menos hasta que los Tribunales competentes resuelvan definitivamente sobre el fondo del asunto, evitando que la incertidumbre e inseguridad generada pueda afectar negativamente a la credibilidad y estabilidad de Cataluña como un entorno seguro para la inversión.
3) Por otro lado, el hecho de que la Generalitat haya remitido de nuevo el análisis de la cuestión a la mesa de contratación del concurso permitirá a este órgano ratificar la regularidad de la oferta que en su día justificó la adjudicación a su favor del contrato de concesión ATLL y las ventajas económicas de dicha oferta para los usuarios del servicio y para los empleados de ATLL; al tiempo que permitirá constatar los defectos formales y materiales en que incurre la propuesta planteada por el otro consorcio licitador que lo inhabilitan para la adjudicación del servicio, que ocasionaría además un sobrecoste para los ciudadanos de Cataluña de 20 millones de euros anuales durante todo el periodo concesional, una amenaza para la estabilidad en el empleo de los trabajadores de ATLL a partir de los cinco primeros años de ese periodo y el riesgo de consolidar una situación de monopolio de hecho en la prestación del servicio de agua en Cataluña.
4) En todo caso, cualquier decisión que se adopte deberá respetar, como no puede ser de otra forma, los términos y obligaciones establecidos para las partes en el contrato y en la legislación de contratación administrativa que lo rige, con las consecuencias que ello conlleva; por lo que el consorcio se reserva a todos los efectos las acciones legales que a su derecho convengan en defensa de sus legítimos intereses, las cuales ejercerá y continuará ejerciendo en todas las instancias hasta que sus derechos reconocidos sean definitivamente ratificados o resarcidos, con la exigencia de las responsabilidades que en cada caso procedan".
