Aigües de Barcelona, Sorea, Aigües Sabadell, Mina Pública d’Aigües de Terrassa y diversas empresas de distribución de agua potable de Cataluña participadas por empresas del grupo Agbar, así como otras empresas suministradoras, han firmado convenios de colaboración con el Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña para desarrollar la Ley 24/2015. Mediante dichos acuerdos, estas compañías se comprometen a conceder ayudas a fondo perdido o aplicar descuentos notables en el coste de los consumos mínimos a personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social. Estas empresas tienen unos 3 millones de clientes y abastecen a unos 5,9 millones de personas en Cataluña.
Los convenios suscritos ratifican el compromiso de Aigües de Barcelona, Sorea, Aigües Sabadell, Mina Pública d’Aigües de Terrassa y el resto de empresas firmantes para garantizar el suministro de agua de las familias en situación de vulnerabilidad.
Los convenios suscritos ratifican el compromiso para garantizar el suministro de agua de las familias en situación de vulnerabilidad
Este compromiso se materializa, en el caso de Aigües de Barcelona, en la puesta en marcha de diferentes medidas por iniciativa propia en este ámbito. Singularmente, el Fondo de Solidaridad, iniciado en 2012 para proporcionar un entorno de protección a las personas vulnerables, a través de la colaboración de los servicios sociales de los ayuntamientos de los 23 municipios del área metropolitana de Barcelona donde la compañía está presente, así como la de varias entidades del Tercer Sector, como Cruz Roja de Cataluña, Cáritas Diocesana, Fundación Hàbitat3, Fundación la Esperanza y Fundación Mambré. Desde la puesta en marcha del Fondo de Solidaridad hace cuatro años, Aigües de Barcelona ha otorgado cerca de 74.000 ayudas, que han beneficiado a más de 14.500 familias por un importe superior a los 4,3 millones de euros.
Además, en enero de 2014 entró en vigor la tarifa social, que ofrece descuentos notables a colectivos que también precisan de protección, como son los pensionistas y parados, para los que también prevalece la garantía de suministro de agua. Actualmente, son beneficiarios de la tarifa social de Aigües de Barcelona cerca de 9.000 suministros. Finalmente, la compañía dispone de mecanismos de flexibilización mediante el otorgamiento de aplazamientos o pago a plazos de forma individualizada para cada situación de vulnerabilidad de la que es conocedora.
De acuerdo con estos convenios, las empresas también informarán anualmente a la Agencia Catalana del Consumo (ACC) de cuál ha sido el alcance de las medidas que hayan puesto en marcha. Esto permitirá que la Generalitat pueda, además de garantizar el cumplimiento de la Ley, incrementar y sistematizar toda la información para evaluar la evolución de la pobreza energética y elaborar las políticas más adecuadas en cada momento.
