Ecologistas en Acción analiza en un extenso Informe el grado de cumplimiento de las depuradoras en funcionamiento de las ocho provincias andaluzas tras recibir más de 12.000 muestras analíticas correspondientes al ciclo 2013-2015. Así como la situación de las actuaciones declaradas de interés por la Comunidad Autónoma en 2010.
El pasado verano, y después de año y medio de petición de información, la Consejería de Medio Ambiente remitió a nuestra organización esos datos correspondientes a 2014 y 2015. Únicamente la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz los enviaba periódicamente, algo que se resistía a remitir la Consejería desde 2013.
La evolución del grado de incumplimiento del Real Decreto 509/1996, que establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas así como los requisitos de los vertidos de aguas residuales, muestra claramente un aumento con el paso de los años, llegándose hasta 2015 (último año recibido) en el que hay más de un 34 % de ilegalidades sobre el 100 %. El Informe analiza además, cuáles son los motivos del incumplimiento, en cada provincia y para cada depuradora.
Ecologistas en Acción analiza en un extenso Informe el grado de cumplimiento de las depuradoras en funcionamiento de las ocho provincias andaluzas tras recibir más de 12.000 muestras analíticas correspondientes al ciclo 2013-2015
Durante este trienio hay más de 60 depuradoras en toda Andalucía que incumplen la norma, algunas tratan las aguas residuales de poblaciones de gran tamaño y en otros casos los vertidos se producen en Espacios Protegidos. Entre las peores tenemos a las de Carboneras y Cuevas de Almanzora en Almería; Barbate, Sanlúcar, El Puerto de Santa Mª y San Roque en Cádiz; Baena en Córdoba; Pradollano en Granada; Isla Cristina, Lepe, Moguer y Palos de la Frontera en Huelva; Pegalajar en Jaén; Antequera, Estepona e Istán en Málaga; y tres de las cuatro depuradoras de Sevilla capital: El Copero, San Jerónimo y Tablada.
La razón principal de incumplimiento se debe a que varias muestras en el año sobrepasan los límites máximos permitidos de contaminación o no alcanzan un porcentaje mínimo de reducción de esta establecidos en el RD 509/96 (la forma de medición se concreta en las Autorizaciones de Vertidos). En menor medida, el incumplimiento se debe a las cantidades de nitrógeno y fósforo total, más que nada porque estos dos parámetros son analizados en muy pocas depuradoras, solo las que vierten a zonas sensibles. Huelva y Sevilla son las dos que más los analizan aunque en esta última el porcentaje de incumplimiento es inferior al 30 %.
Con respecto a las actuaciones declaradas de interés por la Junta de Andalucía en 2010 y lo recaudado por canon autonómico -publicado recientemente en la web de la Consejería- se estima en casi 52 millones de euros de más que no están comprometidos para ejecutar a fecha de 31 de diciembre de 2015. Por provincias, Sevilla es la que tiene una mayor inversión comprometida con más de 85 millones, mientras que Granada es la que meno, con poco más de 30 millones. Sorprende este dato si tenemos en cuenta que, según el Informe de Medio Ambiente de 2015, esta última provincia es la que tiene el mayor porcentaje de población sin depurar (>42 %) y además es la que tiene mayor número de actuaciones declaradas de interés (69).
La razón principal de incumplimiento se debe a que varias muestras en el año sobrepasan los límites máximos permitidos de contaminación o no alcanzan un porcentaje mínimo de reducción de esta establecidos en el RD 509/96
En cuanto a las 300 actuaciones declaradas de interés, solo hay datos de 131 de ellas, lo que supone un 43,67 %. Del resto (169) ni siquiera han empezado a redactarse los proyectos. De las que la Junta de Andalucía proporciona información -muchas de ellas están divididas en varias dentro del mismo epígrafe-, el 45 % están ejecutadas y el 4 % ejecutándose. Solo el 6 % están sin iniciar, lo que unido al porcentaje de actuaciones que no se han redactado aún, suman un total de 62,5 % de actuaciones declaras de interés en 2010 sin iniciar.
Con estos datos el panorama se presenta preocupante en Andalucía ya que el atraso en la ejecución de las actuaciones declaradas de interés, tanto por el Estado como por la Junta, acarreará futuras sanciones europeas. Ya ocurrió con la ampliación en noviembre del año pasado del expediente sancionador contra España por la demora en la adopción de medidas oportunas en una serie de aglomeraciones urbanas, entre las que se encuentras ocho en Andalucía: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona/San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate.
Tanto Junta como Estado no deben demorar más esta situación, ya que los expertos advierten que la incapacidad para tratar correctamente las aguas residuales puede presentar problemas a largo plazo tanto en la salud como en el medio ambiente. Aunque se ha dado un empujón en los últimos años para acelerar los proyectos de depuración, estos son insuficientes para lograr el cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas previstos en las Directivas Europeas, por ello exigimos a ambas Administraciones y a los Entes Locales responsabilidad para completar la depuración en Andalucía, de lo contrario las sanciones no dejarán de llegar pagando todos los ciudadanos lo que es responsabilidad de otros.
