La Generalitat deberá crear un fondo por si la justicia falla en su contra por la privatización de ATLL

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La Generalitat deberá crear un fondo de contingencia por si la justicia falla en su contra por la privatización de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), que se hizo a finales de 2012.

Así lo establece un punto de una moción promovida por el PP que el Parlament ha aprobado este jueves, y que ha salido adelante con el voto favorable de todos los partidos salvo ICV-EUiA y la CUP, que lo han rechazado.

La moción insta al Govern a hacer una previsión de "los posibles escenarios consecuencia del proceso judicial que se está desarrollando actualmente", ante los litigios que hay en los tribunales tras la concesión de la gestión de la ATLL al consorcio liderado por Acciona, que ganó esta adjudicación frente a Agbar.

En el texto, se pone de manifiesto que, sea cual sea la decisión definitiva de la justicia sobre la privatización de ATLL, en todo momento se debe preservar la calidad del suministro de agua a los ciudadanos y respetar los derechos laborales de sus trabajadores.

Además, la Cámara catalana ha aprobado otra moción relacionada con la privatización de ATLL, promovida por C's, donde pide a los consellers Andreu Mas-Colell (Economía y Conocimiento) y Santi Vila (Territorio y Sostenibilidad) a informar en sede parlamentaria sobre el impacto económico y los efectos jurídicos de la venta, y también sobre una posible indemnización a las empresas implicadas en esta privatización.

El debate entre los grupos ha sido encendido: tanto Meritxell Roigé como Joan Morell, ambos de CiU, han asegurado que si el Govern tuvo que privatizar ATLL fue por la herencia financiera que dejaron las dos legislaturas en las que gobernó el tripartito de izquierdas, entre 2003 y 2010.

Por el contrario, el exconseller de Medio Ambiente y diputado de ICV-EUiA Salvador Milà ha asegurado que los tribunales han cuestionado la venta de ATLL, y ha augurado que si el Govern tiene que compensar a las empresas implicadas, la factura del agua subirá, al igual que lo hará el recibo de la luz por la indemnización que ha pagado el Estado a la constructora ACS por la paralización del proyecto Castor, un almacén de gas frente a la costa mediterránea.

Jordi Terrades (PSC) ha lamentado que el recibo del agua no ha parado de subir en los últimos años, algo que también ha criticado David Fernández (CUP).

Tanto Terrades como el portavoz adjunto del PP en el Parlament, Santi Rodríguez, han recordado que la reciente reventa del 65% de la empresa que gestiona los túneles de Vallvidrera y del Cadí -que también se privatizó en 2012- ha ascendido al doble de la cantidad que entonces pagó Abertis a la Generalitat, y han desaprobado que esta diferencia sea tan elevada.

Desde ERC, el diputado Marc Sanglas ha tildado de "chapuza" la privatización de ATLL y ha dicho que su formación es partidaria de que la gestión de este servicio se haga desde el sector público.

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