El Partido Aragonés reclama al Gobierno de Aragón que recurra la nueva aprobación por parte de la Generalitat de Cataluña del Plan de gestión de la Cuenca Fluvial de Cataluña. El PAR denuncia que el nuevo plan catalán “afecta a los intereses de Aragón, al mantener las extralimitaciones del plan anterior, que ya fue anulado por los tribunales a instancias de Aragón”, advierte el vicepresidente del PAR y portavoz parlamentario, Alfredo Boné.
En su iniciativa, que deberá debatirse en el pleno de las Cortes de Aragón, el PAR pide además “reiterar ante el Gobierno central la oposición a la nueva propuesta de planificación hidrológica catalana y a cualquier otro documento que rompa el principio de unidad de cuenca”. El Partido Aragonés reclama “una planificación hidrológica concertada entre el Gobierno central y las Comunidades”. Asimismo, el PAR solicita que, en cumplimiento de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, se elaboren “los documentos y trámites necesarios para acometer, con la Administración General del Estado, el proceso que permita el ejercicio de mayores competencias por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante transferencia, encomienda o convenio.
El Partido Aragonés reclama “una planificación hidrológica concertada entre el Gobierno central y las Comunidades”
Por último, el PAR reclama en su iniciativa “seguir velando por la ejecución de todas las infraestructuras hidráulicas pendientes en Aragón, en el marco del cumplimiento del Pacto del Agua y de los acuerdos de la Comisión del Agua, aprovechando todas las herramientas de bilateralidad previstas en el Estatuto de Autonomía de Aragón”.
El anterior plan fue declarado nulo
La Generalitat de Cataluña aprobó en febrero de 2009 un decreto que delimita el ámbito territorial de la Cuenca Fluvial de Cataluña. Posteriormente, y derivados de este decreto, Cataluña aprobó el plan de gestión de su cuenca, el programa de Medidas y el informe de sostenibilidad ambiental.
Estos documentos incurrían en importantes extralimitaciones competenciales, ya que abarcaba todo el territorio catalán de la Demarcación del Ebro, e incluso en el caso de ríos compartidos con Aragón (Noguera Ribagorzana, Segre, Matarraña, Algars, etc), comprende la totalidad de estos ríos, sin tener en cuenta los intereses de Aragón. Por todo ello, las Cortes de Aragón ya aprobaron una iniciativa, a instancias del PAR, para recurrir este primer plan por parte del Gobierno aragonés, como así se hizo.
Mediante sendas sentencias de 2013 y 2014 a los recursos presentados Aragón y La Rioja, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró la nulidad tanto del decreto catalán como del Plan de Gestión, al constatar que Cataluña no es la competente para aprobar el plan (sino el Consejo de Ministros) y que el ámbito territorial debe limitarse a las Cuencas Internas de Cataluña, incluso en el tema de las aguas subterráneas compartidas. En el recurso de casación, el Tribunal Supremo, en abril de 2014, ratificó la sentencia que anula el decreto y el programa de medidas.
El 24 de diciembre de 2014, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña ha publicado un nuevo decreto, de aprobación del Plan de gestión. Estos documentos siguen incluyendo el mismo ámbito territorial que el del decreto anulado por sentencia, los mismos vicios legales de aprobación (debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y no por la Generalitat) o actuaciones como la conducción del consorcio de aguas de Tarragona, obra desproporcionada con el volumen concesional, que solo es explicable en los términos del trasvase del Ebro planteado en 2008 como consecuencia de la sequía.
