Isla Mayor está en contra del dragado del Guadalquivir, según su alcalde

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  • Margen del Guadalquivir en Isla Mayor (Wikipedia/CC).
    Margen del Guadalquivir en Isla Mayor (Wikipedia/CC).
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El alcalde de Isla Mayor (Sevilla), Ángel García Espuny (IU-CA), ha defendido este jueves que "todos los sectores de la ciudadanía del municipio rechazan" el dragado de profundización que la Autoridad Portuaria de Sevilla promueve para el tramo navegable del río Guadalquivir, toda vez que el pleno ha aprobado por unanimidad denunciar su licitación ante la Unión Europea, por "incumplimiento en materia medioambiental del derecho comunitario".

"En el municipio hay una inquietud porque este proyecto nos perjudica", ha dicho a Europa Press el alcalde de Isla Mayor, según el cual la situación es "prácticamente la misma" en Puebla del Río y "en cierto modo también" en Lebrija, toda vez que se trata de municipios cuya economía depende "fundamentalmente de las condiciones del río", a cuenta del peso de la agricultura en estos municipios.

La moción aprobada por los concejales de IU-CA, el PSOE y el PP, recogida por Europa Press, aborda el dragado de profundización que promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla sobre el tramo navegable del río Guadalquivir, para permitir que barcos de mayor calado lleguen hasta el Puerto de Sevilla, un proyecto que cuenta con el rechazo de los agricultores del Bajo Guadalquivir, al temer los mismos que un hipotético incremento de la salinidad del agua del río afecte a sus cultivos.

El dragado de profundización, en concreto, prevé ampliar el calado del río de 6,5 a ocho metros de profundidad y, tras no prosperar el proyecto inicial promovido hace varios años, la Autoridad Portuaria está pendiente de entregar a las administraciones un nuevo proyecto técnico. El nuevo diseño de la actuación ha sido replanificada para acometer una profundización de 85 centímetros en 2015 y 65 centímetros en 2016 y 2017, una fórmula gracias a la cual sería posible conservar las subvenciones europeas cosechadas para el proyecto.

Las conclusiones científicas

La moción, en ese sentido, señala "las conclusiones contrarias al proyecto que se han alcanzado tras los estudios realizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o de las recomendaciones que se indican en el dictamen de la Comisión Científica creada para diagnosticar las consecuencias del dragado, destacando entre ellas la que propone que se desestime definitivamente el proyecto de profundización del dragado del Guadalquivir y se proceda a la recuperación del río, dadas las nefastas consecuencias que el dragado tendría para el mismo por la erosión que originaría, así como por la pérdida de calidad de sus aguas con la consiguiente puesta en riesgo de las distintas especies que integran el actual ecosistema natural del río y que afectarían directamente a la Reserva de Pesca del Estuario del Guadalquivir y al Espacio Natural de Doñana".

La propuesta recuerda además la resolución desfavorable adoptada en el comité de patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en defensa del parque nacional de Doñana.

Porque "además de las graves consecuencias ecológicas que supondría, hay que destacar las más que posibles consecuencias negativas que supondría para las distintas actividades económicas directamente relacionadas con el Guadalquivir, tales como el cultivo del arroz, la pesca de especies comerciales de las que dependen directamente miles de familias de nuestro municipio". "El dragado representaría la desaparición del cultivo del arroz y del sector de la pesca del cangrejo, dos sectores muy importantes para la economía de las Marismas del Guadalquivir", dice la moción, según la cual el dragado afectaría a 38.000 hectáreas de cultivo de arroz y a cerca de 1.000 explotaciones en las marismas del Guadalquivir.

En ese sentido, la moción considera que es una "incongruencia" que el proyecto sea sufragado con fondos de la Unión Europea, dado que una iniciativa así "entra en contradicción directa con la política ambiental de la propia Unión Europea". Dado el caso, esta moción aprobada por unanimidad implica la formulación de una denuncia ante la Unión Europea, cuando la licitación del proyecto sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por "incumplimiento del derecho comunitario en materia medioambiental".

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