El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha subrayado este viernes que el trasvase Tajo-Segura se hizo respetando la legislación vigente, contó con el respaldo de cinco Comunidades Autónomas, y, además, la reforma incrementó las garantías ambientales y de preferencia de la cuenca cedente.
El departamento que dirige Isabel García Tejerina ha respondido así a la Oficina del Defensor del Pueblo, que alerta de que el Memorandum del Tajo-Segura --que regula las normas del trasvase entre estas cuencas-- debería haber estado sometido a un proceso de participación pública, ya que se trata de un acuerdo entre varias comunidades autónomas que afecta a los recursos hídricos y "debe ser accesible a quienes lo soliciten".
En un comunicado, Medio Ambiente ha incidido que los Gobiernos autonómicos de Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Región de Murcia respaldaron la regulación del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Esto "constituyó todo un hito para poner fin a las llamadas 'guerras del agua' entre territorios y respaldando todas ellas, de este modo, la planificación hidrológica impulsada por este Gobierno", ha subrayado el Ministerio en un comunicado.
Asimismo, ha recordado que la regulación del trasvase Tajo-Segura que aprobó el Gobierno en el marco de la Ley de Evaluación Ambiental (2013) "se hizo con pleno respeto a la legalidad vigente" y ha explicado que se basó en los datos recogidos en los planes hidrológicos tramitados, "con amplios periodos de información pública y evaluación ambiental estratégica de todos ellos".
Según ha destacado el Ministerio, la reforma incrementó las garantías ambientales y de preferencia de la cuenca cedente, ya que la reserva de agua en la cuenca cedente --la del Tajo-- se incrementó de los 240 hm3 hasta los 400 hm3 --por debajo del cual no puede autorizarse ningún trasvase--, además de mantener el límite máximo en los 650 hm3 (50 hm3 para el Guadiana y 600 hm3 para el resto de las cuencas receptoras: el Segura, el Júcar y las Cuencas Mediterráneas Andaluzas), por lo que no se alteró el máximo de agua que se puede trasvasar, por ley, desde 1995 (Guadiana) y 1980 (el resto de cuencas receptoras).
En una línea similar, el departamento de García Tejerina ha recalcado que la regulación también otorga seguridad jurídica al acueducto --las reglas de explotación se elevaron a rango legal-- para reforzar la de todos los interesados y mejorar el funcionamiento del trasvase, atendiendo también las demandas de las cuencas receptoras.
El Ministerio también ha recordado que la Defensora del Pueblo no cuestiona en su informe "el trámite de participación pública en el plan de cuenca del Tajo". "Además, la enmienda legislativa fue presentada por el grupo Popular con pleno respeto a la tramitación parlamentaria de una ley", ha añadido.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha completado la planificación hidrológica competencia del Estado en poco más de dos años. El primer ciclo de planificación debió haber sido completado antes de 2010, pero en 2012, al comenzar a trabajar el actual equipo, se encontró con un único plan de cuenca aprobado, luego anulado por los tribunales.
De esta forma, en los tres años de Gobierno el actual Ejecutivo ha completado el primer ciclo de planificación hidrológica y ha impulsado la revisión de estos planes (segundo ciclo), que ya se encuentran en periodo de consulta pública, y se prevé que se aprueben antes de que concluya este año para cumplir con la Directiva Marco del Agua de la UE y con la ciudadanía española.
