Lebrija exige que se garantice que el dragado del Guadalquivir no arriesga la viabilidad de los cultivos

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  • Arrozal (Wikipedia/CC).
    Arrozal (Wikipedia/CC).

Después de que el pleno del Ayuntamiento de Isla Mayor, gobernado por Ángel García Espuny (IU-CA), haya acordado denunciar ante la Unión Europea la licitación del dragado de profundización que la Autoridad Portuaria de Sevilla promueve para el tramo navegable del río Guadalquivir, la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández (PSOE), ha manifestado que su municipio exige, de su lado, "garantías" de que el proyecto no ponga "en riesgo" la viabilidad de los cultivos.

En declaraciones a Europa Press, María José Fernández ha manifestado que el pleno del Ayuntamiento de Lebrija ha tratado "en distintas ocasiones" el dragado de profundización que promueve la Autoridad Portuaria sobre el tramo navegable del río Guadalquivir, para permitir que barcos de mayor calado lleguen hasta el Puerto de Sevilla, El proyecto cuenta con el rechazo de los agricultores del Bajo Guadalquivir, donde se ubican Isla Mayor y Lebrija, al temer los mismos que un hipotético incremento de la salinidad del agua del río afecte a sus cultivos.

En 2013, como de hecho muestran las hemerotecas, el pleno de Lebrija aprobó por unanimidad una iniciativa del sector agrario y económico de la localidad que rechazaba el dragado del Guadalquivir por el impacto "gravísimo" que este proyecto podría tener "en el propio río y el Parque Natural de Doñana".

"El dragado ha pasado varias veces por el pleno. Nuestra posición es que exigimos garantías de que el proyecto no perjudique al desarrollo de nuestro sector de la agricultura", ha manifestado la alcaldesa.

Isla Mayor se opone

La moción aprobada por unanimidad en el pleno de Isla Mayor, recogida por Europa Press, señala "las conclusiones contrarias al proyecto que se han alcanzado tras los estudios realizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o de las recomendaciones que se indican en el dictamen de la Comisión Científica creada para diagnosticar las consecuencias del dragado, destacando entre ellas la que propone que se desestime definitivamente el proyecto de profundización del dragado del Guadalquivir y se proceda a la recuperación del río, dadas las nefastas consecuencias que el dragado tendría para el mismo por la erosión que originaría, así como por la pérdida de calidad de sus aguas con la consiguiente puesta en riesgo de las distintas especies que integran el actual ecosistema natural del río y que afectarían directamente a la Reserva de Pesca del Estuario del Guadalquivir y al Espacio Natural de Doñana".

La propuesta recuerda además la resolución desfavorable adoptada en el comité de patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en defensa del parque nacional de Doñana.

"Graves consecuencias ecológicas"

Porque "además de las graves consecuencias ecológicas que supondría, hay que destacar las más que posibles consecuencias negativas que supondría para las distintas actividades económicas directamente relacionadas con el Guadalquivir, tales como el cultivo del arroz, la pesca de especies comerciales de las que dependen directamente miles de familias de nuestro municipio". "El dragado representaría la desaparición del cultivo del arroz y del sector de la pesca del cangrejo, dos sectores muy importantes para la economía de las Marismas del Guadalquivir", dice la moción, según la cual el dragado afectaría a 38.000 hectáreas de cultivo de arroz y a cerca de 1.000 explotaciones en las marismas del Guadalquivir.

En ese sentido, la moción considera que es una "incongruencia" que el proyecto sea sufragado con fondos de la Unión Europea, dado que una iniciativa así "entra en contradicción directa con la política ambiental de la propia Unión Europea". Dado el caso, esta moción aprobada por unanimidad implica la formulación de una denuncia ante la Unión Europea, cuando la licitación del proyecto sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por "incumplimiento del derecho comunitario en materia medioambiental".

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