Agricultores piden la nulidad del cierre cautelar de los pozos en el entorno de Doñana

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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha acogido este lunes la vista del recurso de apelación que presentaron el pasado mes de diciembre los 16 agricultores de la finca 'Matalagrana', ubicada en Almonte (Huelva), en el entorno de Doñana, contra la orden judicial que ordenaba el cierre cautelar de los pozos para el riego.

Durante la vista, la defensa de los 16 agricultores de las fincas de Matalagrana y Borrachuelos, que ejerce el letrado, Eduardo Sánchez, ha pedido la nulidad de la orden judicial de 16 de diciembre de 2014 que decretaba el cierre cautelar de los pozos para el riego de sus cultivos.

Por su parte, la Fiscalía ha mantenido su postura y sostiene la importancia del cierre cautelar de los pozos mientras no haya una autorización de la administración competente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que lo autorice, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Durante la vista oral, el abogado defensor, Eduardo Sánchez, ha solicitado que se revoque el auto judicial de medidas cautelares dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de La Palma del Condado puesto que "infringe las normas procedimentales". Asimismo, ha pedido que, de no revocarse el auto, que este se modifique para "ajustarse al principio de proporcionalidad".

Hay que recordar que esta resolución judicial se producía después de que la Fiscalía General de Estado ordenase el cierre "cautelar e inmediato" de pozos de riego en la citada finca, una orden judicial que supone la clausura de los 13 pozos con los que se riegan los cultivos en 'Matalagrana'.

De este modo, el abogado ha incidido en que "no concurren razones de urgencia" para adoptar esa medida, a la par que ha defendido que los agricultores tienen autorización, pero "lo que faltaría es la inscripción". Tras subrayar que "no son pozos clandestinos", ha agregado que los agricultores pagan un canon por ello.

En esta misma línea, se ha referido a la aprobación en diciembre de 2014 del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal, de manera que, según ha dicho, la inscripción está pendiente de un informe de la Oficina de Planificación Hidrológica.

De otro lado, ha incidido en que según varios informes de las distintas administraciones, como la CHG o la Junta, "la masa de agua subterránea en su estado cuantitativo es de buen estado" y estas extracciones "no suponen una afección a Doñana".

De otro lado, la Fiscalía ha señalado que ve "razonable y urgente" la medida cautelar del cierre de pozos debido a que las extracciones conllevan "unos efectos graves" en Doñana, a la par que ha sostenido que los agricultores "no cuentan con autorización", remarcando que todo esto hay que valorarlo sin perder de vista "la responsabilidad de la administración competente" en esta cuestión. En definitiva, mantiene la importancia de la medida "hasta que conste una autorización de la administración competente".

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