El PSOE pide mantener la fiscalización sobre las Sociedades de Agua para verificar la aplicación de fondos de la UE

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El PSOE quiere que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas pida que se mantengan la fiscalización de los convenios de gestión directa entre las Sociedades Estatales de Aguas y el Ministerio de Medio Ambiente y confiar en que estas fiscalizaciones se mantengan y amplíen para verificar la correcta aplicación de los fondos recibidos de la Administración General del Estado y de la UE.

Se trata de una de las propuestas de resolución al informe de fiscalización de los Convenios de gestión directa vigentes entre las Sociedades estatales de aguas y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino entre 2010 y 2011, que será debatida y votada este martes en la citada comisión parlamentaria.

Fue en diciembre cuando el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentó el mencionado informe en las Cortes y en ese momento insistió en que "no era razonable" mantener las sociedades estatales de agua.

Desde la Izquierda Plural se quiere instar al Gobierno a realizar un informe en el que se evalúe el papel de las sociedades estatales de Aguas y la justificación de su existencia

En concreto, el órgano fiscalizador ha recomendado al Gobierno que se replantee "la existencia" de las sociedades estatales de agua, después de haber analizado el grado de cumplimiento de las acciones, programas e inversiones de ACUAMED, ACUASUR, ACUANORTE y ACUAEBRO.

"El trabajo del tribunal ha puesto de manifiesto que siendo instrumentos de gestión mucho más ágiles los creados de estas sociedades estatales, sin embargo han tenido una muy baja ejecución, se plantea su viabilidad o conveniencia de mantenimiento como una forma de responsabilizarlas frente a unos desfases. No serían razonables mantener", señaló Álvarez de Miranda.

Por otro lado, el PSOE quiere que se haga seguimiento y se dé cuenta a la Comisión Mixta del resultado de las medidas adoptadas consecuencia de la responsabilidad contable de las distintas desaladoras citadas en el informe, y singularmente, de las de Torrevieja, Campello/Mutxamiel, Almanzora, Campo de las Dalias, "de las que existen indicios de responsabilidad penal".

Igualmente, plantea a las Cortes que se exija un mayor grado de cumplimiento en la ejecución de las inversiones previstas en la directiva marco de Agua, y se evite así los procedimientos sancionadores por parte de la UE, como consecuencia de estos incumplimientos, además de que se promuevan procedimientos de gestión de las sociedades para cumplir con los principios de agilidad y eficacia en la actuación administrativa en materia e obras hidraúlicas.

Que se justifique su existencia

Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se quiere instar al Gobierno a realizar un informe ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja en el que se evalúe el papel de las sociedades estatales de Aguas y la justificación de su existencia.

La formación de izquierdas recuerda que el informe del Tribunal de Cuentas pone de relieve el "escaso" avance en su efectividad como motor de avance de las inversiones, los errores o irregularidades a la hora de planificar inversiones, y la consideración de que éstas se encuentran sometidas en un grado "significativamente menor" que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo.

Finalmente, CiU ha planteado entre sus propuestas de resolución que se inste a la Administración General del Estado a dar coherencia a las actuaciones previstas en el plan especial de seguimiento y control por objetivos, en el convenio de gestión directa y en el anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado, tal y como recomienda el Tribunal de Cuentas.

Asimismo, propone a las sociedades estatales de aguas a invertir la totalidad de la inversión presupuestada para cada ejercicio.

Creación de las sociedades

El presidente del Tribunal recordó que fue en 1996 cuando el Consejo de Ministros autorizó la creación de un total de 13 sociedades estatales de aguas, como instrumento de gestión directa de las competencias de la administración general del Estado en materia de obras hidraúlicas. Su finalidad consistía en acometer la gestión directa de la construcción o explotación de obras públicas hidraúlicas.

Como consecuencia del plan de racionalización del sector público empresarial estatal de 2010 y del plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal de 2012, Álvarez de Miranda señaló que se llevaron a cabo varios procesos de fusión que habían dejado reducidas las sociedades estatal de aguas de capital íntegramente de titularidad estatal a cuatro: ACUAMED, ACUASUR, ACUANORTE Y ACUAEBRO.

Un proceso de fusiones que culminó en noviembre de 2012, con efectos contables a partir del 1 de enero de 2013, mediante la formalización del acuerdo de fusión de ACUASUR, ACUANORTE Y ACUAEBRO, según indicó.

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