Las 4 plantas públicas de tratamiento de purines de Aragón estarán terminadas en marzo o abril

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El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Modesto Lobón, ha explicado que las cuatro plantas públicas de tratamiento de purines estarán terminadas este mes de marzo o en abril y permitirán atender la demanda existente tras el cierre de las plantas privadas por su inviabilidad tras la reforma energética.

En respuesta a una pregunta el diputado del PSOE Ramón Laplana, en el pleno de las Cortes autonómicas, sobre esta cuestión Lobón ha indicado que las plantas públicas "no serán tan anti rentables" puesto que han conseguido "que se declaren productoras de energía" por lo que "pueden auto abastecerse" y mejorar sus resultados económicos.

Además, ha anunciado que una parte de los 800.000 euros que van a recibir del Gobierno central en esta materia serán para saldar las pérdidas que puedan tener, mientras que el resto será "para potenciar a los centros gestores, sin perjuicio de luchar" porque se puedan reabrir las plantas de tipo privado.

Lobón ha informado, igualmente, sobre la publicación de una orden de apoyo a la mejora de la disminución de nitrógeno por purines, para agregar que cualquier esfuerzo "de cualquier grupo contra el decretazo" de la reforma eléctrica "estaremos de acuerdo", después de haberlo intentado el Gobierno aragonés "sin éxito".

Así se lo ha manifestado a Laplana, que ha indicado que el PSOE en el Congreso va a presentar propuestas "para que el decretazo eléctrico se corrija y puedan ser viables este tipo de instalaciones de cogeneración".

El diputado socialista ha recordado que "estamos al final de la legislatura" y el consejero sigue diciendo "haremos, haremos, haremos", para interesarse por las "pérdidas que van a generar" las nuevas plantas al erario público y proponer un plan general coordinado y ordenado en esta materia.

Ayudas PAC

Por otra parte, Laplana ha preguntado al consejero cómo va a solucionar "el grave recorte de las ayudas de la PAC para las zonas de montaña y desfavorecidas desde el 2015 y el 2020 y qué alternativas va a estudiar".

Lobón ha asegurado que "no hay recorte de ningún tipo" para esas zonas, al contrario, se ha incrementado la cuantía global para desarrollo rural hasta los 80,1 millones de euros en todo el periodo, gracias "al esfuerzo adicional del Gobierno de Aragón para compensar lo que no pone el Ejecutivo español".

No obstante, ha dado la razón a Laplana en que la Indemnización Compensatoria Básica (ICB) "van a tocar a poquísimo" y porque ahora no solo beneficiarán a las zonas de montaña y desfavorecidas, sino a todo el territorio y por eso "se están estudiando" alternativas para que "se termite por cobrar lo mismo que la vez anterior" en ellas ya que "lo necesitan".

El diputado del PSOE ha apuntado que las ICB tenían una dotación de ocho millones de euros anuales, con un mínimo de 3.000 euros por beneficiario, pero "llevan dos años sin cobrarse" porque la Comisión Europea "no deja hacer el reparto que se hacía para esas zonas, sino que indica que sea para todos los agricultores que puedan acogerse a la nueva PAC".

Depuradora de Cretas

El consejero de Medio Ambiente ha respondido a una tercera pregunta sobre quién tomó la decisión del cambio de ubicación para la instalación de la depuradora en el municipio de Cretas (Teruel), formulada por la diputada socialista Maite Pérez.

Según ha relatado, cuando se sacó a información pública el proyecto de esta instalación, el ayuntamiento de esa localidad presentó alegaciones, que fueron estudiadas junto a otras y asumidas, incluyendo ese cambio de ubicación, decisión que jurídicamente tomó el Instituto Aragonés del Agua porque es el procedimiento adecuado, ha sostenido.

Lobón ha comentado que la nueva ubicación "parecía la más razonable" y además se asienta sobre un suelo municipal. La diputada socialista ha agradecido la "claridad" del consejero, para enfatizar que los vecinos "están preocupados por el cambio" y si preguntan al alcalde este les remite al Instituto.

Pérez ha asegurado que los vecinos "no entienden" esta modificación porque "no son cuestiones económicas" y "puede acarrear problemas" por estar en el casco urbano, generando "ruidos molestos, malos olores" y problemas de salubridad.

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