La Comisión Europea ha avalado este martes la actuación de la Generalitat en el canal Segarra-Garrigues porque sus planteamientos se han dado "en ejecución" de dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha recordado a los agricultores de Lleida afectados por el proyecto que pueden recurrir a los tribunales.
El representante de agricultores y ganadores de Lléida, Baudilio Ros Prat, en representación del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, ha denunciado este martes ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el daño que ha provocado la Generalitat al modificar el proyecto del canal Segarra-Garrigues "en una de las zonas más deprimidas del territorio catalán".
Así, ha recordado que el proyecto del canal aprobado en el año 1994 preveía la puesta en regadío de 70.000 hectáreas de fincas hasta entonces destinadas a secano, una superficie que con el paso de los años se ha visto "ampliamente reducida, puesto que más del 40%" de la misma ha pasado desde entonces a designarse como zonas de especial protección de las aves (ZEPA) o sitios de la Red Natura, que prohíbe el regadío y ello ha afectado negativamente a los agricultores que han visto "esfumadas sus expectativas de recibir el agua de riego".
El peticionario ha dejado claro que no pretenden "que se reduzcan las superficies que deben estar protegidas conforme a la Red Natura 2000" pero sí que se hagan estudios en las zonas protegidas donde se prohíbe el riego para demostrar "si es posible la compatibilidad del riego con la protección de las aves" esteparias en la zona, como sostienen los agricultores y tal y como se comprometió a hacer el Govern en la posterior declaración de impacto medioambiental del proyecto de 2010.
"El Instituto Agrícola entiende que buena parte de las zonas excluidas pueden ser aptas para la permanencia de las aves y con la puesta en regadío", ha sostenido, al tiempo que ha evocado un reciente informe que avala dicha compatibilidad en el caso de "una zona de riego muy próxima al Canal Segarra-Garrrigues".
Los agricultores piden que si la compatibilidad es posible "se realice inmediatamente la elevada inversión económica del proyecto", cuyo retraso está impactando negativamente a la zona y, en el caso de que no sea compatible, se compense "económicamente a las fincas afectadas, que quedan perpetuamente sin opción de regadío", tal y como establece la propia declaración ambiental, ha dicho Ros Prat.
El peticionario ha dejado claro que no se oponen al proyecto secundario, conocido como 'Abastecimiento desde el Canal de Segarra-Garrigues' para abastecer de agua a la población de la zona pero ha reclamado que no se ejecute ni reciba financiación comunitaria "mientras no se acredite que se ha hecho todo lo posible para reducir al mínimo la superficie agrícola que queda fuera del riego del Canal Segarra-Garrigues".
De lo contrario, ha sostenido, "se estaría vulnerando el objetivo básico del canal", proyecto declarado de interés general en 1994, que no era otro que el de "regar explotaciones agrícolas".
Un representante de la Comisión Europea ha recordado durante el debate del caso que los ajustes realizados en la zona de regadío inicialmente contemplada para el proyecto y denunciados por el peticionario se han producido "en aplicación" de dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de junio y diciembre de 2007, tal y como ya aclaró el Ejecutivo comunitario en 2011, cuando se aceptó tramitar la denuncia del peticionario en la comisión europarlamentaria.
El Tribunal europeo condenó a España por no haber clasificado "suficientes territorios" para la protección de aves esteparias en Cataluña y por "haber aprobado el proyecto de irrigación del canal Segarra-Garriges en un área que previamente tenía que haber sido destinada como ZEPA y sin haber adoptado las medidas de conservación necesarias", ha recordado el funcionario comunitario.
"Las actuaciones que se han desarrollado con posterioridad son en ejecución de esta dos sentencias", ha recalcado, al tiempo que ha dejado claro a los agricultores de Lérida que la decisión sobre las clasificaciones compete a los Estados miembros y "es recurrible ante los tribunales nacionales", al igual que "los planes de gestión" sobre uso aprobados.
"En lo que toca a la legislación medioambiental, tanto la clasificación como con posterioridad la reevaluación del proyecto y las medidas de corrección y compensación necesarias, más el establecimiento de los usos que se pueden llevar a cabo en la zona, se ha llevado a cabo conforme a las prescripciones de la legislación comunitaria", ha confirmado el funcionario comunitario.
Abierto el caso
La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha acordado mantener abierta hasta que se dilucide "la compatibilidad" de la protección de las zonas de protección de aves y del cultivo y enviará una "carta a las autoridades locales" catalanas para conocer "cuánta agua van a destinar al cultivo" y "qué tipo de compensaciones existen" en caso de que no haya compatibilidad, ha explicado el presidente en funciones de la Comisión, el eurodiputado democristiano alemán, Peter Jahr.
El eurodiputado del PP, Santiago Fisas, ha defendido mantener la petición abierta a la espera de los estudios de compatibilidad y ha considerado que "sería una incongruencia" que debido a "la zona ZEPA de protección de las aves y el nuevo proyecto de canal de transferir agua para boca, los agricultores de la zona se queden sin agua" porque el canal Segarra-Garrigues se construyó "para convertir una zona de secano en una zona de regadío".
"Si eso sigue adelante, deberían ser indemnizados por este perjuicio", ha sostenido.
