El proyecto de Ley de Montes incorpora a su articulado las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nula esta previsión.
Así se ha determinado en la reunión de Ponencia del Congreso que también ha decidido, con la mayoría del PP dejar pendiente para el debate en Comisión volver a la actual definición de agente forestal, tal como ha pedido el sector, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Sobre la inclusión de las reglas del trasvase, la oposición ha criticado durante la reunión que el PP haya adoptado esta iniciativa "de tapadillo" y sin haber contado con la participación pública. "Hace un uso torticero de la ley", critican, subrayando que la Ley de Montes no es el espacio para modificar temas como un trasvase, relativo al agua.
Por su parte, la portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente, María Teresa de Lara, ha explicado a Europa Press que el Tribunal Constitucional estimó parcialmente un recurso de Aragón que reclamaba la nulidad del acuerdo por no haberse requerido informe preceptivo a esta comunidad autónoma, donde nace el río Tajo.
De hecho, recuerda que el Alto Tribunal permitía, no obstante, que las reglas siguieran aplicándose en tanto en cuanto se subsanaba este trámite para evitar perjuicios a los afectados, por lo que en la práctica su incorporación a la norma no tiene ningún efecto salvo dar cumplimiento a la sentencia.
De Lara ha añadido que el Ejecutivo ya ha solicitado informe preceptivo al Gobierno de Aragón y que, una vez subsanado este error de procedimiento, se procede a publicar las reglas de explotación en una ley de carácter ambiental, ya que la primera vez fueron recogidas en la Ley de Evaluación ambiental.
El Tajo nace en la sierra de Albarracín, en Teruel. Según el Alto Tribunal, el Estado debía consultar a todas las comunidades autónomas por las que discurre el río y, aunque lo hizo con el resto, se olvidó de Aragón.
Así, señala que las reglas de explotación, fruto del acuerdo entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas por las que transcurre el Tajo más las afectadas por el trasvase, salvo el olvido de Aragón, que se recogerán en la Ley de Montes son exactamente las mismas que las que recogía la Ley de Evaluación Ambiental, y que anuló el TC.
