Emérita pedirá que declaren dirigentes de Grupo México sobre el proyecto de Aznalcóllar

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Los representantes legales de Emérita Resources pedirán a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, encargada de las diligencias practicadas sobre el concurso minero de Aznalcóllar (Sevilla) que se tome declaración a los representantes de Grupo México --ganadora de dicho concurso internacional--, especialmente a Germán Larrea, presidente del grupo, y a los representantes de todas las empresas que han colaborado con la socia española, Magtel, para hacer el proyecto.

Según ha explicado a Europa Press Ramón Escudero, asesor jurídico y portavoz de Emérita --finalista de dicho concurso y denunciante de presuntas irregularidades en dicha adjudicación-- el hecho de citar a esas empresas viene explicado para que "digan cuál ha sido su intervención en este proyecto y qué han aportado".

Asimismo, Escudero ha precisado que va a pedir en primer lugar ver el informe de la Policía Judicial "que todavía no lo tenemos en nuestro poder". Ha recordado que ese informe d la Policía Judicial "ha sido el que ha generado el auto de la juez", toda vez que "la Policía Judicial ha estado investigando durante 20 días y ha hecho un informe, y a raíz de ese informe, que lo tiene la juez, ésta ha dictado el auto, no sólo por la denuncia de Emérita".

Escudero ha explicado que ahora mismo la Policía Judicial esta tomando declaración a los técnicos y a la directora general, en calidad de "detenidos formales", de forma que, "una vez que se les tome estas declaraciones, algo que concluirá esta semana o a inicios de la próxima semana, la juez volverá a ordenar que se tomen más declaraciones".

De esta forma, estas personas "primero deben declarar ante la Policía, algo a lo que no tenemos acceso, y después ante la juez", de forma que "cuando se practiquen todas las pruebas, entonces nosotros sí podremos hacer un escrito de acusación, pero ahora no es el momento".

Por otro lado, las fuentes han explicado que están a la espera se respuesta sobre un escrito que Emérita presentó el martes 12 de mayo, pidiendo a la juez que solicite información a la Junta sobre si "la empresa ha aceptado a la mina el mismo día 11, último día de plazo, o no la han aceptado la constitución de la sociedad que gestionará la mina y si es así, que aporten documentación".

Escudero ha explicado que ya presentó en su día una denuncia y dos ampliaciones de denuncia "donde decimos que Magtel recibió 50 millones de euros entre ayudas, subvenciones y préstamos en cuatro años", aunque ha apuntado que ese punto "todavía no está investigado, eso será la segunda parte, pero ya lo hemos denunciado".

Preguntado por la llamada donde supuestamente el secretario general de Innovación, Vicente Fernández, "parece que participa en un presunto favorecimiento a una de las empresas que concurrían", Escudero ha indicado que Emerita "ha comunicado un hecho objetivo, él llamó por teléfono, y Fernández no ha negado la llamada; nos dijeron que nos iban a llamar y nos llamaron; y lo que hemos hecho es decirlo negro sobre blanco a un juez".

Asimismo, lamenta que "la Junta "diga a estas alturas que la juez no entiende el procedimiento ni la documentación, cuando la juez entiende perfectamente y dice que no están los papeles".

"Es una pena"

Para Emérita, "es una pena que una inversión que podría estar ya hecha en Andalucía desde hace bastante meses y ya creando puestos de trabajo, no se puede ejecutar por la mala praxis de la Consejería".

Ha agregado que "hasta ahora Grupo México no ha aparecido por aquí" y ha apuntado que "si México Minorbis ha aceptado la mina, ha esperado el último día para hacerlo, cuando se debería haber hecho cargo del pasivo ambiental y debería haberse hecho cargo de los trabajadores".

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha constatado "graves irregularidades" en la adjudicación que hizo la Junta de Andalucía de la actividad de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México y haya pedido a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, "como responsable de las decisiones adoptadas" en el proceso de adjudicación.

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