Un exgerente de la ACA niega haber pactado por la adjudicación de un contrato millonario

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El exgerente de la Agencia Catalana del Agua (ACA) Joan Lluís Quer -actual presidente de Infraestructuras de la Generalitat- ha negado este martes ante el Juzgado de Instrucción 8 de Barcelona que pactara para la UTE que dirigía la adjudicación de un contrato millonario para implementar en Catalunya una directiva europea del agua.

Según han explicado fuentes de su defensa, Quer y el director del ACA cuando se adjudicó el contrato -también imputado- Manuel Hernández no eran amigos y de hecho tenían tendencias políticas diferentes: Quer había sido gerente del ACA entre el año 2000 hasta la llegada del tripartito, cuando se le despidió, por lo que en ningún momento coincidió en la agencia con Hernández.

De hecho, el despido fue considerado improcedente y se tuvo que indemnizar a Quer, y según las citadas fuentes, ambos solamente habían coincidido en varias ocasiones en jornadas profesionales pero en ningún caso abordaron la concesión de este contrato ni personalmente, ni telefónicamente ni por correo electrónico.

Quer ha asegurado que no se puso de acuerdo con nadie para la obtención del contrato

La Fiscalía considera que el entonces director del ACA Manuel Hernández Carreras adjudicó el 15 de enero de 2008 el contrato a la UTE de Quer DMA-Gestió de forma "pactada y decidida previamente de acuerdo con la adjudicataria" por valor de 3,75 millones de euros, pero que posteriormente se formalizaron fuera de contrato otros 38 trabajos complementarios por valor de 3,93 millones.

Según la Fiscalía, los expedientes administrativos de dichos contratos presentan "un cúmulo de irregularidades tan numeroso y de tan grosero calibre" que permite concluir, por ejemplo, que su configuración fue un artificio formal para enmascarar un beneficio económico ilícito en favor de las empresas de la UTE DMA-Gestió, según sus palabras.

El contrato era para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 'Trabajos de redacción del programa de medidas y del plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Catalunya' con un presupuesto máximo de cuatro millones y cuya licitación se inició en 2007, y lo obtuvo Quer gracias a su "relevantes conexiones políticas", según la Fiscalía.

En el interrogatorio de este martes, que ha durado una hora, Quer ha asegurado que no se puso de acuerdo con nadie para la obtención del contrato y sobre presuntas reuniones previas al concurso público de adjudicación entre cargos del ACA y trabajadores de la UTE, se ha limitado a afirmar que no estuvo en ninguna de estas reuniones.

Sobre el contrato, las citadas fuentes aseguran que es un "contrato singular" que no puede compararse porque se hizo expresamente para la implementación de la directiva marco del agua, una actuación que no tenía precedentes.

Además, insisten en que en ningún momento se ha puesto durante el interrogatorio en tela de juicio que los trabajos se realizaran y su calidad, ni se ha constatado solapamientos de trabajos o cobros entre el contrato complementario y el principal.

No obstante, para la Fiscalía, haber dividido el contrato en uno principal y otros complementarios fue una "artificiosa división del objeto contractual que permitía indefiniciones, solapamientos y duplicidades que amparan una facturación excesiva y en algún caso apoyada en trabajos vacíos de verdadero contenido sustancial".

Este martes ha comparecido otra imputada, administradora de Artenginy, empresa miembro de la UTE que consiguió el contrato, que se ha limitado a decir que era administradora a petición de su marido, -antiguo directivo del ACA- Josep Lluís Bou, y responsable de la empresa, y que nunca participó en reuniones ni en la consecución del contrato.

Las declaraciones de Hernández y otros diez querellados ante la juez están señaladas para el 21 y 22 de octubre.

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