El Consejo de Administración de Acuamed ha acordado el cese "inmediato" del director general de la sociedad estatal, Arcadio Mateo, así como de la directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco, por "pérdida de confianza y la alarma social" causada por su detención en el marco de la Operación Frontino, que investiga presunto fraude, falsedad y prevaricación en la adjudicación de obras públicas.
Así lo ha anunciado este martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, a su vez presidente del Consejo de Administración de la sociedad de aguas, que se ha reunido de urgencia tras conocer los hechos.
Saavedra ha añadido que a partir de este momento su departamento se pone a disposición de la Fiscalía para todo aquello que requiera. Además, ha pedido a la Abogacía del Estado que se persone en la causa porque el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) es el "máximo interesado" en que se esclarezcan los hechos.
Tras una reunión que se ha prolongado más de una hora, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha comparecido ante los medios de comunicación a quienes ha comunicado el cese inmediato de ambos directivos, nombrados por el Consejo de Administración, una decisión acordada "unánimemente".
Saavedra ha anunciado la contratación del despacho de abogados Gómez-Acebo y Pombo, que realizará una auditoría técnica externa para investigar y auditar las contrataciones que ha llevado a cabo Acuamed a lo largo de los años
Dirección garantizada
Además, ha defendido que la dirección de la empresa está "garantizada" dado que él es su presidente y ha agregado que se "tomarán decisiones rápidas" sobre cómo debe articularse ahora la dirección de la sociedad. "Asumo las funciones que me corresponden como máximo responsable, como presidente, y las funciones de la dirección general estarán en manos de los responsables de la sociedad", ha apuntado Saavedra.
En este sentido, el secretario de Estado ha afirmado las actuaciones que están siendo investigadas se vinculan con la presunta comisión de delitos de "prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos", aunque no se establecen acusaciones concretas. "Hay que tener en cuenta que estamos hablando de posibles delitos y por tanto se considera que tienen una gravedad suficiente para las decisiones que hemos adoptado en las últimas 24 horas", ha remachado.
Saavedra ha añadido que a partir de este momento su departamento se pone a disposición de la Fiscalía para todo aquello que requiera. Así, ha aclarado que hace "más de un año" el Ministerio Fiscal solicitó una serie de información a Acuamed, que fue remitida en noviembre de 2014 dando cuenta al Consejo de Administración. "Cualquier actuación que conozcamos y que pudiera tener relación y pueda aportar algo nuevo a lo que en su día se envío y, desde luego lo que nos sea solicitado, se le va a remitir puntualmente", ha asegurado.
Además, ha pedido a la Abogacía General del Estado que se persone en las causas instruidas porque el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el "máximo interesado" en que se esclarezcan los hechos. Según ha detallado el secretario de Estado, hasta el momento, no ha sido citado a declarar.
Igualmente, Saavedra ha anunciado la contratación del despacho de abogados Gómez-Acebo y Pombo, que realizará una auditoría técnica externa para investigar y auditar "todas las contrataciones" que ha llevado a cabo Acuamed a lo largo de los años porque "a falta de la información" que espera ir conociendo a medida que se levante el secreto de sumario conviene que "internamente" se tenga el conocimiento de toda la gestión que ha podido llevar a cabo.
Del mismo modo, según ha precisado el secretario de Estado de Medio Ambiente, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo en el Ministerio que sirva de "enlace" entre toda la información proveniente de la auditoría y la propia que maneja el departamento, para que todo "se pueda poner al servicio de la investigación".
Mecanismos de control
Saavedra ha manifestado además que si de las investigaciones ahora en curso se desprende que es necesario reforzar mecanismos de control, también en materia de certificaciones pasos intermedios a la liquidación final, se tomarán decisiones para garantizar la legalidad del proceso.
Se ha acordado la creación de un grupo de trabajo en el Ministerio que sirva de "enlace" entre toda la información proveniente de la auditoría y la propia que maneja el departamento
Respecto a la destitución de otros detenidos durante la operación en diferentes delegaciones provinciales de Acuamed, ha precisado que estas contrataciones no dependen del Consejo de Administración y que, de momento, tienen que esperar. "Hay otra serie de personas de la sociedad estatal que estarían implicadas, que están siendo investigadas y que han sido detenidas. Vamos a esperar a ver cuál es la situación de cada una de ellas porque no eran nombramientos que pasen, ni su cese tampoco, por el Consejo de Administración, ha remachado.
Preguntado sobre si el anterior director de Ingeniería y Obras de la sociedad, Francisco Valiente, ya puso sobre la mesa la existencia de las presuntas prácticas corruptas, Saavedra ha explicado que "efectivamente" Valiente fue contratado por Arcadio Mateo, quien propuso su cese "porque había perdido la confianza".
Además, ha relatado que Valiente "presentó una serie de escritos de denuncia" que fueron sometidos "inmediatamente" por Acuamed al análisis jurídico del Ministerio, de la sociedad y una asesoría jurídica externa que tenía contratada Acuamed. "Primero se comunica la decisión del cese a esta persona y esta persona presenta a continuación una denuncia mediante un acta notarial. No hay una relación de causa efecto", ha defendido.
Así, ha indicado que se solicitó a esas tres instancias que se pronunciaran sobre si había hechos que pudieran ser constitutivos de delitos y sobre la "gravedad" del asunto, "sin que se apreciaran razones que aconsejaran una actuación o sometimiento a la Fiscalía". No obstante, Saavedra ha señalado que la denuncia se presentó posteriormente ante el Ministerio Fiscal, por lo que éste solicitó información a Acuamed que fue remitida. "No conocemos ahora qué otros hechos, en el curso de las investigaciones de la Fiscalía, han podido salir", ha destacado.
Estos ceses se produce tras la detención de ambos por la Guardia Civil en el marco de una operación en la que se han registrado las sedes de la entidad en Madrid, Valencia y Murcia y que de momento alcanza a trece detenidos.
Según ha informado el secretario de Estado de Medio Ambiente, este lunes la Secretaría de Estado de Medio Ambiente recibió la notificación judicial en la que se autorizaba a la Guardia Civil a registrar las sedes de Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante y Murcia.
El número de detenidos por la Guardia Civil en el marco de la 'Operación Frontino' relacionada con el fraude en los contratos de Acuamed asciende ya a 13 personas, según ha informado el Instituto Armado. La operación, que continua abierta, ha corrido a cargo del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional.
Según la Guardia Civil, la empresa estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A.) "presuntamente habría adjudicado fraudulentamente obras y/o falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias". Las investigaciones se iniciaron en septiembre de 2014 tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción. Las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.
A las 16.00 horas, los agentes de la Guardia Civil habían llevado a cabo trece detenciones: ocho en Madrid, tres en Barcelona, una en Valencia y una en Alicante. Además, se han practicado 16 registros en distintas sedes sociales de empresas y domicilios particulares: ocho en Madrid, tres en Valencia, dos en Murcia, una en Alicante, una en Barcelona y otra en Tarragona.
