Abengoa destituye a José Domínguez Abascal para facilitar un acuerdo con sus acreeedores

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    José Domínguez Abascal

El Consejo de Administración de Abengoa ha acordado destituir a José Domínguez Abascal como presidente de la compañía con el objetivo de facilitar un acuerdo de reestructuración con los acreedores financieros de la sociedad y contribuir a potenciar la independencia de la misma del que a día de hoy es su principal accionista, Inversión Corporativa IC, sociedad controlada por el anterior presidente de la empresa, Felipe Benjumea.

Asimismo, el órgano rector del grupo de ingeniería y energías renovables ha decidido resolver el contrato de prestación de servicios que tenía con Benjumea desde el pasado mes de septiembre, cuando fue apartado de los mandos de la compañía, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como presidente ejecutivo, en sustitución de Domínguez, ha sido nombrado Antonio Fornieles Melero, hasta ahora vicepresidente y consejero coordinador, que pasará a tener la condición de consejero ejecutivo. Además, el actual consejero director general, Joaquín Fernández de Piérola, pasará a ser consejero delegado del grupo.

Domínguez era presidente ejecutivo de la compañía desde el pasado 27 de noviembre, tras la renuncia de Santiago Seage poco después de que el grupo presentara preconcurso de acreedores.

Abengoa presentó ayer los resultados de 2015, con unas pérdidas de 1.213 millones de euros, tras realizar saneamientos por casi 900 millones de euros.

A mediados del pasado mes de febrero, Abengoa presentó su plan de viabilidad, según el cual considera que la Nueva Abengoa operativa valdría aproximadamente siete veces más que si la compañía es finalmente liquidada.

En concreto, el plan de viabilidad del grupo de ingeniería y energías renovables estima que la Nueva Abengoa tendría un valor neto estimado de unos 5.395 millones de euros.

La compañía cifra unas necesidades de liquidez de 826 millones de euros para este año y de 304 millones de euros para 2017. Asimismo, cifra unas necesidades de 'garantías técnicas' para poder iniciar pedidos por unos 525 millones de euros.

En la información remitida ayer a la CNMV, la compañía destacó que los Administradores confían en poder alcanzar un acuerdo final con los acreedores y que, una vez firmado dicho acuerdo, el cumplimiento del plan de viabilidad asociado a la capacidad del grupo para generar recursos de sus operaciones "permitirá la recuperación de la confianza del mercado, la estabilización de la posición de liquidez de la compañía y continuar progresando positivamente en el futuro".

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