La Comisión del Cambio Climático del Congreso ha respaldado una iniciativa, promovida por el PSOE, que reclama al Gobierno la elaboración de una Ley de Cambio Climático que aborde la cuestión "de forma integral", incluyendo aspectos ambientales, económicos y sociales, y que promueva un modelo de crecimiento verde.
Se trata de una proposición no de ley que los socialistas han pactado con Podemos, ERC, Ciudadanos y PNV, que posteriormente ha apoyado Democracia y Libertad, mientras que el PP que se ha abstenido.
La propuesta establece que se persiga una armonización de la legislación y los compromisos adoptados por España en materia de cambio climático, se promuevan políticas tendentes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y además con un calendario concreto de reducción de emisiones.
A su vez, plantea al Ejecutivo un horizonte de descarbonización de la economía en el 2050 y objetivos intermedios en 2020 y 2030, promoviendo transportes limpios, planes de eficiencia energética en edificios o promoviendo una transición energética.
Proteger legalmente a los refugiados climáticos
Además, se ha aprobado una iniciativa que pide al Gobierno que contribuya "activamente" en los distintos organismos internacionales a estudiar y definir los perfiles que caracterizan a un 'refugiado climático', para posteriormente aprobar un marco jurídico internacional y nacional que proteja legalmente los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a desplazarse de sus países por causas medioambientales o de cambio climático.
Se trata de una iniciativa que ha sido impulsada por Podemos, pactada con el PSOE, y después apoyada por Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad y el PNV. El PP, por su parte, se ha abstenido en la votación.
La propuesta también reclama que se apoye la iniciativa de Consulta 'Nansen' sobre cambio climático y desastres naturales, dirigida a estudiar un marco de protección para las personas que se ven obligadas a desplazarse fuera de sus fronteras y a que los estados apliquen las políticas adecuadas para poder prevenir el aumento de los desplazamientos en el futuro y prepararse para responder a los mismos.
Los parlamentarios también ha consensuado que la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento del acuerdo de París se convierta en una "prioridad política" para actuar sobre la causa última de millones de desplazamientos y migraciones anuales en el mundo, a la vez que se desarrolle en el marco del Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático un programa extraordinario de comunicación que impulse la concienciación de buenas prácticas cotidianas de vida y comportamiento sostenible para combatir el cambio climático.
Cumplimiento de los acuerdos del clima
Asimismo, esta misma comisión ha sacado adelante otra iniciativa pactada entre Podemos y PSOE, que ha sido apoyada por todas las formaciones salvo el PP, que se ha abstenido, sobre el cumplimiento de España en los acuerdos del clima.
En ella, se pide definir por ley los objetivos de la transición energética para 2020 y 2030 y que, "en ningún caso", supongan un aumento de las emisiones, además de que se concreten políticas dirigidas hacia la descarbonización del sistema productivo y de consumo español para 2050 o se tengan en cuenta los impactos del cambio climático en los vigentes y futuros planes urbanísticos y territoriales.
No perjudicar al medio ambiente
Por otro lado, la Comisión de Cambio Climático ha dado luz verde a una proposición no de ley de ERC que reclama al Gobierno, en el plazo de seis meses, un informe en el que se identifiquen aquellas subvenciones, beneficios fiscales, ayudas públicas e incentivos de cualquier tipo que estén vigentes por parte de la Administración General del Estado y que puedan tener una influencia contraria a la conservación del medio ambiente, singularmente las que afectan al patrimonio natural y la biodiversidad.
En la iniciativa -que ha contado con el respaldo de PSOE, Podemos, Ciudadanos, Democracia y Libertad; la abstención del PNV; y el voto en contra del PP- se pide también que dicho informe se remita a la citada comisión parlamentaria, además de que se adopten las medidas legales necesarias para eliminar, en el plazo máximo de un año, dichos incentivos y sus efectos.
