El Consejo de Personas Consumidoras y Usuarios de Andalucía (Cpcua), máximo órgano de consulta y representación de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, ha exigido a la Junta que asuma las políticas públicas de agua como prioritarias y acabe con "la obsolescencia que sufre una normativa que es incapaz de afrontar los nuevos retos que plantea en materia de agua la sociedad andaluza".
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente el próximo 5 de junio, este órgano, integrado por Adicae-Andalucía; Al-Andalus; Facua Andalucía y UCA-UCE, ha insistido en la necesidad de abordar cuestiones urgentes en el sector como la consideración del acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano.
Así lo indica la Resolución nº 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada el 28 de julio de 2010 en la que se reconoce que "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".
De esta manera, ha apuntado que el considerable "retraso" que acumula la necesaria revisión del Reglamento del Suministro Domiciliario del Agua es "un hecho constatable" y en tal sentido, ha insistido en que la norma ha ido "perdiendo aplicabilidad y vigencia" con el paso de los años, "sin que hayan sido suficientes los cambios introducidos en dicho Reglamento en el año 2012".
Es esta situación lo que lleva al Consejo a declarar que es primordial renovar el Reglamento del Ciclo Integral del Agua, dando solución a circunstancias que ponen de manifiesto "la existencia de carencias normativas que pueden redundar en claro perjuicio de los legítimos derechos de los consumidores".
La difícil situación económica de los últimos años ha hecho aumentar los casos de impagos de facturas, lo que ha supuesto cortes de suministro a los consumidores. Pero también se han producido otras situaciones en las que, denuncia el Consejo, resulta "discutible la efectividad de la actual regulación en materia de agua".
El Consejo recuerda que la participación real y efectiva de los consumidores y usuarios y sus organizaciones más representativas debe ser uno de los objetivos a seguir y cumplir por parte de las administraciones que regulan este sector. "Una intervención ciudadana cada vez más amplia que asegure que se lleva a cabo una defensa férrea de los derechos de los usuarios", ha subrayado.
"Más transparencia y control"
En mayo de 2011 se empezó a aplicar el cobro del canon de mejora de interés para Andalucía previsto por la Ley 9/2010, que gravaría desde entonces la utilización del agua de uso urbano. Este tributo tenía como finalidad la financiación de las infraestructuras hidráulicas, en concreto en el Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno de la Junta declaró de especial interés 300 obras en toda Andalucía.
El Consejo ha denunciado que a día de hoy, cinco años después, "no se sabe cuántas de las citadas obras han comenzado, ni si los ayuntamientos están liquidando o no el canon cobrado a la Junta de Andalucía y qué planeamiento hay de ejecución de las mismas, cómo se aplica el canon a cada una de ellas o qué fechas baraja el Gobierno andaluz para la finalización de las que fueron consideradas más urgentes".
A este respecto, el Consejo ha exigido que el Gobierno andaluz, en aras de un ejercicio de transparencia, dé información sobre las obras que se están ejecutando y el planeamiento de las obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas y la aplicación finalista del canon ya recaudado.
Asimismo, este órgano de representación de los consumidores andaluces hace un llamamiento a la necesidad de poner en valor la importancia del agua en las políticas ambientales, para con ello acercar a la ciudadanía andaluza la relevancia de su necesaria toma de conciencia e implicación en un uso sostenible del agua.
