Unas 15.000 personas, según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, se manifestaron el domingo en contra del Plan Hidrológico aprobado por el Gobierno central del PP y la "amenaza" que representa para el delta, en una marcha organizada por la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE).
La marcha se ha iniciado en la plaza Universitat y ha terminado en la de la Catedra, con el objetivo de demostrar a las instituciones europeas que la presión ciudadana, ya mostrada en la manifestación de Amposta del 7 de febrero, sigue intacta.
Más de 66 entidades y organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y ambientalistas, partidos políticos y sindicatos han manifestado su apoyo a la manifestación, que ha discurrido bajo el lema "L'Ebre sense cabals és la mort del delta".
La actriz Mercè Martínez ha sido la encargada de leer el manifiesto en el escenario dispuesto al final de la manifestación, a la que acudirá el conseller de Territorio y Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull.
La organización ha pedido el apoyo de la ciudadanía para mostrar que este plan no defiende el caudal ecológico del Ebro y que pone en peligro el delta, y que, además, no respeta su declaración como reserva de la biosfera por parte de la Unesco en el año 2013 y que incumple las directivas europeas de medio ambiente.
Han asistido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el cabeza de lista por Barcelona de En Comú Podem, Xavier Domènech; y su homólogo de ERC, Gabriel Rufián; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; el eurodiputado Francesc Gambús; el secretario general de UGT, Camil Ros, y el coordinador de Unió de Pagesos, Joan Caball, entre otros.
El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro supone ampliar en más de 700.000 las hectáreas de regadíos en España, más de la mitad en la cuenca del Ebro.
Con esta nueva demanda de agua se podría absorber hasta el 70% de los caudales circulantes por esta demarcación, y el caudal ecológico del río en Tortosa se reducirá hasta los 3.000 hectómetros cúbicos por año, por debajo de los cálculos recomendados por la comunidad científica y la Generalitat.
