El Gobierno de Aragón emprende acciones judiciales contra el Plan de Gestión de la cuenca fluvial de Cataluña

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  • Río Ebro (Wikipedia/CC).
    Río Ebro (Wikipedia/CC).
  • Por razones de invasión de competencias por parte de la Generalidad de Cataluña en materia de planificación hidrológica

Sobre la Entidad

Gobierno de Aragón
Aragón es una comunidad autónoma de España, resultante del reino histórico del mismo nombre y que comprende el tramo central del valle del Ebro, los Pirineos centrales y las Sierras Ibéricas.
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El Consejo de Gobierno ha autorizado a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón a emprender acciones judiciales contra el Plan de Gestión de la cuenca fluvial catalana, ya que considera que la Generalidad de Cataluña ha invadido competencias en materia de planificación hidrológica.

Concretamente, el Ejecutivo aragonés ejercerá acciones legales frente al Decreto 171/2014 del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de aprobación del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña y al Acuerdo Gov/186/2014 por el que se aprueba el Programa de Medidas del Plan.

De esta forma, en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Ejecutivo Autonómico podrá ejercer las actuaciones judiciales pertinentes para impugnar ambas decisiones del Gobierno catalán, que por otra parte, son las mismas que se aprobaron en 2010 pero que también fueron anuladas por vía judicial.

Las principales decisiones que podrán ser objeto de recurso contencioso administrativo son las siguientes:

Por un lado, la extralimitación competencial de la Generalidad de Cataluña al incluir en el Plan de Gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña todo el territorio de Cataluña, comprendiendo masas de agua de otras demarcaciones hidrográficas intercomunitarias o compartidas, con una anexión indebida de tres acuíferos compartidos con la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

Por otra parte, se adoptan medidas de planificación hidrológica, como la previsión de caudales ambientales referidos a masas de agua incluidas en otras demarcaciones hidrográficas ajenas a las de Cataluña, lo que supone un exceso competencial, ya que la planificación hidrológica debe circunscribirse a una sola demarcación.

Junto a todo ello, la necesidad de que el referido Plan fuera aprobado por la Administración General del Estado y el hecho de que se emitiera el preceptivo informe previo del Instituto Aragonés del Agua exigido por la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua de Aragón. 

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