El consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha contestado las dos resoluciones del secretario de estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, de 26 de octubre, en las cuales se requiere a la Comunidad Autónoma que abone 26.113.865 euros por la desaladora de Santa Eulària des Riu y 20.225.262 euros por la de Ciutadella de Menorca, y reclama la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Convenio firmado entre las dos administraciones el año 2005.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sostiene que el Estado ha tenido que pagar el rescate de la concesión por culpa de la Comunidad Autónoma, que impidió la conexión de las instalaciones a las redes municipales y que no pagó los costes de producción y mantenimiento de las desaladoras.
Una afirmación que niega la Consejería, que defiende que el incumplimiento de las obligaciones del Ministerio con las empresas concesionarias es independiente de la actuación del Govern, que en cualquier caso ha sido correcta ya que las instalaciones no estaban recepcionadas y por lo tanto no había ninguna obligación de la Comunidad Autónoma hacia estas compañías, las cuales, de hecho, han reclamado al Ministerio y no a la Comunidad Autónoma.
Las obras de las desaladoras acabaron la legislatura pasada, el año 2011, pero la Comunidad Autónoma no las recepcionó por el incumplimiento estatal del Convenio: las desaladoras no estaban conectadas a la red en alta; por lo tanto, no era posible que empezaran a funcionar con normalidad y el sobrecoste de los proyectos implicaba un aumento sustancial de la tarifa.
El Ministerio, de hecho, asegura en los requerimientos que la Comunidad Autónoma impidió la conexión de las infraestructuras a la red, aseveración totalmente falsa, como reflejan las actas de las sesiones del Comité de Seguimiento, y más teniendo en cuenta que estas conexiones las tenía que llevar a cabo el Estado. Además, el sobrecoste de las modificaciones de los proyectos, aprobados por el Ministerio contrariamente a lo que había justificado en el Comité de Seguimiento, implicaba un aumento sustancial de la tarifa. En este caso, el Convenio prevé que se modifique el periodo de concesión, cosa que sólo puede hacer el Ministerio.
Las obras de las desaladoras acabaron la legislatura pasada, el año 2011, pero la Comunidad Autónoma no las recepcionó por el incumplimiento estatal del Convenio: las desaladoras no estaban conectadas a la red en alta
En este punto, el año 2013 las empresas concesionarias reclamaron el rescate de sus contratos.
El trámite de aprobación del pago del rescate fue al final de 2015, justo antes de las elecciones, después de llegar a un acuerdo político mediante el cual el Gobierno estatal se hacía cargo del rescate y la Comunidad Autónoma conectaba las instalaciones a las redes municipales. Así, la Consejería “daba una solución al problema de falta de agua en Eivissa que los dos gobiernos del Partit Popular habían secuestrado durante una legislatura”, ha subrayado Vidal, quien ha recordado que las Illes Balears ya "cumplen con este acuerdo, al haber iniciado las obras de conexión de la desaladora de SantaEulària a Roca Llisa y la tramitación del resto de conexiones necesarias".
Justo antes de las segundas elecciones, en mayo de 2016, las Islas Baleares recepcionaron las dos instalaciones mediante un acta en la cual el Estado cede el uso y la explotación de las instalaciones en la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), manteniendo la titularidad y reservándose el derecho de repercutir acciones contra la Administración autonómica como consecuencia del pago del rescate de la concesión.
Por lo tanto, estos requerimientos del Estado se hacen al margen del Convenio entre el Ministerio y la Consejería, después del rescate de la concesión a las empresas ganadoras de la licitación e incumpliendo “un compromiso político con las Islas Baleares”. Esta reclamación responde a “una voluntad política”, ha asegurado al consejero.
Vicenç Vidal considera que “todo es muy extraño y sospechoso”. En primer lugar, “que el Ministerio apruebe y licite la concesión de las instalaciones antes de la firma del Convenio con la Comunidad Autónoma, que no pudo opinar sobre la ubicación de las desaladoras o la tarifa”. “Otra herencia del señor Matas”, ha puntualizado al consejero. En segundo lugar, “que los proyectos necesitaran unas modificaciones que casi duplican las inversiones iniciales previstas y que en aquel momento ni el Ministerio ni el concesionario resolvieran la concesión, por imposibilidad de mantener la tarifa”. En tercer lugar, “que el Ministerio justificara ante el Comité de Seguimiento del Convenio que las modificaciones no implicarían una subida de las tarifas, hecho que después sucedió”. En cuarto lugar, “que no se modifique el plazo de concesión para equilibrar la tarifa”, y en quinto lugar, “que no conste ninguna sesión del Comité de Seguimiento del Convenio desde el año 2011”.
A todo eso, ha añadido el consejero a Vidal, se le tiene que sumar “la utilización política que hace el Partido Popular estatal del problema del agua en las Islas Baleares, teniendo en cuenta que todos los movimientos del Ministerio referentes a estas instalaciones se han hecho antes o después de las elecciones o delante la constitución del nuevo Gobierno del Estado”.
“Es sorprendente, también, el lavado de manos del PP balear, que parece que no intentó gestionar este problema durante su legislatura y que no tiene nada que ver con la resolución”, ha subrayado Vidal.
Mientras tanto, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca sigue trabajando para conectar y poner en marcha las desaladoras, y mantiene los plazos previstos para el funcionamiento de las instalaciones para la temporada alta del año que viene.
