La protección jurídica de las aguas subterráneas ante pesticidas y nitratos

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Sobre la Entidad

IUACA
El Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales tiene como finalidad propiciar el mejor conocimiento y la gestión de los recursos hídricos y analizar todos los aspectos asociados con la conservación y mejora del medio ambiente.
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  • protección jurídica aguas subterráneas pesticidas y nitratos
  • Fuente: PHC Júcar (CHJ, 2014).

Las aguas subterráneas son un factor estratégico en la gobernanza del agua en España. Son una inestimable fuente de recursos hídricos de elevada calidad, que además se sitúan en localizaciones próximas a los puntos de demanda, por lo que su aprovechamiento es muy eficiente en términos económicos. Por otra parte, en la mayoría de los casos se trata de recursos propios de las demarcaciones hidrográficas ya que se localizan en el interior de las mismas, a excepción de los acuíferos compartidos, por lo que su aprovechamiento no presenta excesivos problemas político-territoriales.

Frente a ello, estos recursos se encuentran expuestos a amenazas y riesgos derivados de la entrada de contaminantes, siendo su capacidad de regeneración menor y más compleja que la que presentan las aguas superficiales. A los conocidos problemas de intrusión marina en el litoral (la explotación intensiva de acuíferos costeros provoca el desplazamiento hacia el continente de la interfaz agua dulce/agua salada), se añade la contaminación de tipo químico, producida por la utilización de plaguicidas y fertilizantes (nitratos y fosfatos). Concretamente las prácticas inadecuadas, tanto en el almacenaje de los desechos derivados de la ganadería (caso de los estiércoles), como en la utilización ineficiente o excesiva de estas sustancias en el riego, produce efectos no deseados en el estado de las masas de agua, e incluso puede generar problemas sanitarios en el consumo de aguas potables. De hecho, la gran importancia del regadío en España, unida a la extensión territorial que abarca, hace que la fertilización sea en la actualidad la principal causa del deterioro ambiental de las aguas subterráneas. Es evidente que el ordenamiento debe dar respuesta al reto de reducir este tipo de contaminación, de carácter difuso, para garantizar las exigencias de calidad y buen estado ecológico de las masas de agua, de conformidad con la Directiva Marco del Agua, en adelante DMA.

Para ello se dispone de numerosos instrumentos legales, tanto procedentes de la legislación general de protección de las masas de agua (DMA y Directiva de Protección de las Aguas Subterráneas), como de la normativa específica que regula ambos tipos de contaminantes. Cuestión distinta es el grado de eficacia de tales normativas, sobre todo porque tratándose de vertidos no localizados, no es posible sujetarlos a autorización de vertido, que es el instrumento que ha demostrado mayor eficacia en el control de la contaminación de las aguas. Asistimos, por el contrario, a la acumulación de mecanismos de planificación, programación, seguimiento, entre otros, en su mayor medida carentes de aparataje sancionador.

A ello hay que añadir que esos instrumentos son desarrollados tanto por las Confederaciones Hidrográficas como por las Comunidades Autónomas, en el marco de sus respectivas competencias, lo que impone un adecuado nivel de coordinación. Las Confederaciones no pueden intervenir más allá del seguimiento e identificación de riesgos y presiones en las masas de agua, la planificación y programación de medidas. La implementación de acciones, sin embargo, es tarea de las Comunidades Autónomas, en su condición de Administraciones competentes en agricultura, protección del medio ambiente, e indirectamente, en materia de ordenación del territorio.

En lo que se refiere al control específico de los plaguicidas, la intervención administrativa se sitúa en un doble plano. En primer término, en los requisitos relacionados con la autorización de sustancias y su comercialización; en segundo, en los aspectos relacionados con su utilización e impacto en la calidad de las masas de agua. La normativa actual promueve el uso de plaguicidas que hayan sido clasificados como no peligrosos para el medio, o que no contengan sustancias peligrosas identificadas como prioritarias. También son interesantes las medidas paliativas frente a la filtración y escorrentía. Se impone además la reducción del uso de plaguicidas en aquellas zonas que utilice el público en general o los grupos vulnerables, así como donde accedan trabajadores. También se presta especial atención a las zonas especialmente protegidas.

Para alcanzar estos objetivos el instrumento operativo más importante es el plan de acción nacional, que debe coordinarse con la planificación hidrológica y los programas de medidas de la DMA. En 2012 fue aprobado el Plan de Acción Nacional de uso sostenible de productos fitosanitarios, donde se concretan los objetivos, medidas e indicadores de referencia. El plan estará en vigor hasta 2017. Su aplicación precisa de una programación flexible y de la máxima implicación de las autoridades autonómicas.

Datos relativos a la Confederación Hidrográfica del Segura

(Fuente: CHS 2014)

La contaminación de las aguas subterráneas por nitratos es, sin embargo, la principal causa del deterioro de las masas de agua subterránea en España. Para corregir esta situación, la normativa exige identificar las actuaciones necesarias en la planificación hidrológica y en los programas de medidas. A su vez, es necesario identificar y calificar las masas vulnerables, aprobar los programas de actuación correspondientes, y cumplir los códigos de buenas prácticas agrarias. Todo ello junto a las medidas de seguimiento,control y monitorización analítica necesarias, y la dación de cuentas a las autoridades europeas sobre el estado de las masas.

(Fuente: CHS 2014)

Sin embargo, el seguimiento efectivo de las explotaciones agrarias se enfrenta a las limitaciones materiales y personales de las autoridades competentes. El incumplimiento de las medidas contra la contaminación por nitratos no tiene respuesta adecuada en el Ordenamiento Jurídico Español. Establecer si se está fertilizando correctamente precisa una supervisión muy intensa, y además no es fácil de determinar, ya que la aplicación del fertilizante varía en función del tipo de agua, cultivo, tipo de suelo, tiempos de aplicación y frecuencia. Individualizar la responsabilidad en caso de daños ambientales es todavía más difícil, ya que la degradación de la masa de agua se producirá normalmente como consecuencia de malas prácticas realizadas en numerosas explotaciones agrarias (carácter difuso de la contaminación).

La imposición de restricciones al uso de fertilizantes puede generar además una importante pérdida de competitividad y productividad agrícola, alza de precios, etc., lo que se enfrenta a la oposición directa de los agricultores. Es necesario, por ello, combinar las acciones de contenido restrictivo con instrumentos de fomento, educativos, y de divulgación, actuando con un mayor grado de coordinación entre las diferentes Administraciones y los agentes contaminadores.

De este modo, la colaboración de las Comunidades de Usuarios resulta fundamental no sólo en el terreno del control en el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas, sino en su labor formativa y en la divulgación de las buenas prácticas relativas al riego, fertilización y protección frente a las plagas. Estas organizaciones, que son las que se encuentran en contacto directo y diario con el agricultor, deben ser decididamente apoyadas por la Administración hidráulica y ambiental, para que puedan asumir esta tarea de manera efectiva.

Referencias

Navarro-Caballero, Teresa M. (Dir.) y otros (2016). Desafíos del Derecho de Aguas [Variables jurídicas, económicas, ambientales y de Derecho comparado]. Editorial Aranzadi, SA: Cizur Menor.

Artículo realizado por Andrés Molina Giménez, Secretario del IUACA y Profesor titular de Derecho Administrativo, Universidad de Alicante, y Antonio Jódar Abellán, Graduado en Ciencias Ambientales (Máster en Tecnología, Administración y Gestión del Agua), investigador predoctoral FPU del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales (IUACA).

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