El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente deberá realizar la evaluación de las repercusiones ambientales de los dragados promovidos por la Autoridad Portuaria de Sevilla, organismo dependiente de la Administración General del Estado, tal y como establece la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.
Según Fiscal, hay que dejar claro dónde radica la responsabilidad administrativa en el control de los dragados de mantenimiento y sus repercusiones, y en la prevención y el control de sus posibles efectos negativos. No en vano, las competencias del río Guadalquivir la ostenta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del ministerio
Respecto a las responsabilidades de la consejería, el consejero ha aclarado que estas giran en torno al control de la generación de residuos de los dragados, su caracterización y su correcta gestión, así como en las autorizaciones de uso en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. No obstante, Fiscal ha asegurado que el Gobierno andaluz estará atento a los procesos erosivos que se producen en el tramo bajo del Guadalquivir y su desembocadura y que exigirá la actuación de la administración competente cuando sea necesario.
Durante su intervención en el Parlamento andaluz, el titular de Medio Ambiente ha dejado claro que los dragados de mantenimiento que realiza la Autoridad Portuaria de Sevilla no son incontrolados, sino que están sometidos a distintas autorizaciones tanto por parte de la consejería como del ministerio, además de no ser la causa del deterioro que puedan padecer las márgenes del Guadalquivir.
Fiscal ha recordado que la Junta de Andalucía se opuso al dragado de profundización en el Guadalquivir, entre otros aspectos, porque no incluía garantías de que las embarcaciones de mayor calado y, por tanto generadoras de mayor movimiento de aguas, no perjudicaran las márgenes del río.