La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, y el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, han comparecido en rueda de prensa para fijar la postura del Gobierno regional en relación al Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes mediante el cual se da luz verde a 12 planes hidrológicos, incluidos cuatro en los que Castilla-La Mancha ya se posicionó en contra durante la celebración del Consejo Nacional del Agua a principios del pasado mes de octubre: Tajo, Segura, Júcar y Guadiana.
Elena de la Cruz ha anunciado que la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha es recurrir únicamente estos cuatro planes hidrológicos, aunque tal circunstancia dependerá de que el Real Decreto del Gobierno de España en funciones se publique en el Boletín Oficial del Estado cuenca a cuenca o de manera unitaria.
La consejera ha recalcado que el Gobierno regional en este sentido es “coherente” desde el principio, manifestándose únicamente en contra de aquellos aspectos que considera perjudiciales. En el caso de los cuatro ríos citados, “vamos a recurrir porque pensamos que vulneran los intereses de Castilla-La Mancha y porque perjudican los intereses de los castellano-manchegos”, ha dicho.
De la Cruz ha manifestado la intención del Gobierno regional de oponerse únicamente a estos cuatro planes
De la Cruz ha resumido en cinco las razones para oponerse a los planes del Tajo, Júcar, Segura y Guadiana: no tienen en cuenta los derechos prioritarios de la cuenca cedente, no respetan caudales ecológicos “que son claramente insuficientes”, no se tiene en cuenta el impacto del trasvase Tajo-Segura en la economía de la cabecera, el “atropello” que suponen las “escasas” inversiones de las Confederaciones en los tramos de los ríos que atraviesan Castilla-La Mancha y el hecho de que no contemplen nuevas infraestructuras para incrementar la potencia de desalación para disminuir el impacto que las derivaciones de agua tienen para la región a causa del déficit del Segura.
La responsable de Fomento ha recordado que durante la celebración del Consejo Nacional del Agua la delegación regional solicitó votación separada para oponerse únicamente a los planes de las cuatro cuencas citadas sin que el Ministerio de Agricultura permitiese que se fragmentase la votación. De la Cruz ha manifestado la intención del Gobierno regional de oponerse únicamente a estos cuatro planes y considera una “vulneración de derechos” que se tramiten en bloque, ya que limita el posicionamiento no sólo de los ejecutivos autonómicos, sino también de organizaciones agrarias, ecologistas o plataformas, muchas de las cuales están anunciando posibles acciones jurídicas en relación a alguno de los planes de cuenca. Incluso ha pronosticado que el Consejo Nacional del Agua de octubre habría sido “muy distinto” de haberse producido una votación separada.
La consejera ha destacado la ausencia total de diálogo del Gobierno de España en esta materia, ya que se resistió a aceptar las alegaciones de los ejecutivos autonómicos surgidos tras las elecciones de mayo y en los que se produjeron importantes cambios en comunidades autónomas con gran incidencia en la utilización de los recursos hídricos, como la propia Castilla-La Mancha, Valencia y Extremadura.
Elena De la Cruz ha recordado que el Ejecutivo nacional rehusó ampliar el período de alegaciones más allá del 30 de junio, pese a lo cual el Gobierno de Mariano Rajoy no ha conseguido aprobar el segundo ciclo de planificación antes del 31 de diciembre, como establecía la Unión Europea. En relación a los plazos, la consejera de Fomento ha afirmado que la Agencia del Agua y los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades están estudiando las posibles implicaciones de haber aprobado los planes en 2016 en lugar de hacerlo antes del término del ejercicio.
Alto Guadiana
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido la posición central del Gobierno de Castilla-La Mancha respecto a los derechos de los agricultores y, en este sentido, ha insistido en que, “para que la agricultura de Castilla-La Mancha sea viable y tenga futuro, tiene que tener acceso al agua” y ha explicado que ese “acceso” tiene que venir a través de los planes hidrológicos de cuenca.
El consejero de Agricultura también ha explicado que “faltan 25,5 hectómetros cúbicos, de los 40 comprometidos por el Gobierno central a los agricultores del Alto Guadiana, y hay que buscar una solución”. En concreto, son 2.000 regantes los que esperan que se resuelvan sus expedientes y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se apuesta por “recuperar el Centro de Intercambio de Derechos de Agua y dotarlo presupuestariamente, como se hizo en otras ocasiones”. Y ha recordado que fue el Gobierno de Cospedal el que disolvió el Consorcio del Alto Guadiana, sin tener en cuenta los intereses de los agricultores de Castilla-La Mancha.
Martínez Arroyo ha instado al Gobierno central a “buscar una solución y desde luego, olvidarse del mercadeo del agua que es lo que propone el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana, es decir, la compra-venta de derechos entre particulares que evidentemente beneficia al que más puede pagar y no al agricultor profesional”.
Respecto a la escasa representatividad de Castilla-La Mancha en los órganos de decisión del agua, el consejero de Agricultura ha aclarado que si el Gobierno central no hubiera incluido a la cuencas intracomunitarias de otros ríos, “nos correspondería el 75 % del voto”, en el caso del Consejo de Demarcación del Plan del Júcar y así solo cuenta un “37 %”. El consejero ha explicado que los movimientos del agua del Júcar a otras cuencas no los han considerado como “trasvases”, una cuestión inadmisible porque “las aguas que llegan a la Comunidad Valenciana no deben considerarse como cuenca del Júcar”. Cabe recordar que es por Castilla-La Mancha por donde transcurre el 75% de la cuenca del Júcar.
En el caso del Segura, el Gobierno en funciones también se ha olvidado de que la provincia de Albacete representa el 25 % de la superficie de la cuenca. Y, a esto hay que sumar que el Gobierno central puso en marcha un Decreto de Sequía dotado con 30 millones de euros y del 85 % comprometido no hay nada para Castilla-La Mancha. En este sentido, el consejero va a seguir reclamando “que se construyan unos pozos de sequía para resolver el problema de acceso al agua de los agricultores de esta zona, ya que el plan de cuenca tampoco prevé soluciones en esta materia”.
