Con motivo de la presentación del libro “Remunicipalización: ¿Ciudades sin futuro?” hablamos con Lorenzo Dávila, coautor de la publicación, junto con Jesús Sánchez Lambás, Valeriano Gómez, Ramiro Aurín y Ramón Tamames..
Lorenzo Dávila es economista, abogado, arquitecto y Doctor por la Universidad Complutense de Madri. Ha compaginado durante muchos años la actividad docente con la profesional. En el terreno docente ha impartido clases de economía y finanzas en universidades públicas y privadas tanto en España como en EEUU y América Latina, así como en Escuelas de Negocios Internacionales. Autor de varios libros y artículos científicos sobre finanzas, es a su vez colaborador habitual en las secciones de opinión de los medios de comunicación económica. En el terreno profesional, en la actualidad es socio, en el área de estructuración financiera de proyectos, de la consultora Ineo Corporate.
Pregunta.- ¿Cómo valoraría la situación actual de la prestación de los servicios de agua en España?
Respuesta.- Es difícil generalizar, pero en mi opinión bastante bien, ha habido una mejora significativa en la prestación del servicio del ciclo integral del agua durante los últimos 30 años, en gran medida por la inversión realizada y por la eficiencia que han introducido grandes operadores a través de la incorporación de su tecnología e innovación.
P.- En nuestro país conviven modelos de gestión directa e indirecta. En concreto según datos de AEAS: el 34% de la población es abastecido por entidades públicas, el 34% por empresas privadas, el 22% por empresas mixtas y el 10% por servicios municipales. ¿Qué ventajas asignaría a cada uno de estos modelos?
R.- Lo realmente importante es hablar de eficiencia de gestión, entendida esta como la capacidad de prestar al menor coste posible unos estándares de calidad crecientes en un entorno urbano de cada vez mayor exigencia. Esa eficiencia de gestión siempre viene de la mano del conocimiento y este de la experiencia. El operador privado –bien a través de un sistema concesional o una sociedad mixta- en este sentido tiene dos grandes ventajas: la primera de ellas que es capaz de volcar toda su tecnología e innovación fruto no sólo de la operación de un municipio en concrero, sino de cualquier lugar del mundo, es decir que una tecnología desarrollada en Australia o en Inglaterra por este operador se traslada inmediatamente si esta produce una ganancia efectiva en términos de eficiencia, que directa o indirectamente se traslada, a su vez, a la calidad del servicio (pensemos, por ejemplo, en una tecnología para el tratamiento de fugas de agua que permitiera acortar el tiempo de reparación, a la mitad). Es posible que macro-conurbaciones urbanas como Tokio tengan el suficiente tamaño como para realizar la inversión tecnológica suficiente que permita competir en términos de eficiencia, pero en cuanto nos vamos a dimensiones menores esta capacidad se pierde y tienen que comprar la tecnología si quieren mejoras en la calidad de la prestación del servicio.
La segunda es que no se puede ser juez y parte, aparece el conflicto de intereses. Cualquier servicio público susceptible de ser medido de forma objetiva tiene que ser trasladada su operación a un privado y tomar la administración pública el papel de supervisor y garante de la calidad del servicio público, así como la de establecer nuevos objetivos exigibles de dicha calidad. ¿Cómo puede uno exigirse a si mismo, en algo que necesita altos niveles de inversión cuando existen otros servicios por cubrir y los recursos son escasos, sin caer en la tentación de relajar los estándares de calidad?
P.- ¿Cuál cree que ofrece un mayor beneficio para los ciudadanos en términos de calidad del servicio, tarifas, inversiones,…?
R.- Sin lugar a dudas, por todo lo comentado anteriormente el operador privado. Es un tema de eficiencia, y para esto la competencia es esencial.
P.- ¿Tiene algo que ver el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento con la forma en que se realice la gestión del servicio?
R.- Entiendo que el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento es algo que está ahí independientemente de quien realice la gestión del agua, si bien es siempre más fácil cumplirlo cuando la gestión es más eficiente en la medida en que exige un menor esfuerzo financiero para garantizar dicho derecho, que vendrá siempre recogido en el procedimiento de operación y debería estar garantizado, de manera justa para las partes, desde la supervisión. Este es un punto que nos debería empujar a poner encima de la mesa la figura del Regulador independiente donde el mundo anglosajón, como en muchos otros temas, nos llevan la delantera.
P.- En los últimos años se ha intensificado el debate sobre este modelo de gestión y desde diversos ámbitos se apela a la necesidad de “remunicipalizar” los servicios de aguas. ¿Considera correcto este término?
R.- Entiendo que es un término de moda en determinados entornos de fuerte carga ideológica que se contradice en si mismo en la medida en que los servicios ya son municipales, no hay nada que remunicipalizar, es entrar en la falacia sobre la titularidad del agua, que es siempre pública, lo opere quien lo opere.
P.- ¿Piensa usted que existe una demanda social en este sentido?
R.- En absoluto, hay una demanda social por unos servicios públicos de calidad, los opere quien los opere, si bien como he comentado esta calidad siempre va ir de la mano de la eficiencia, sin la cual esta no se puede entender excepto en un mundo sin limitación de recursos, que no existe.
P.- En términos jurídicos, ¿cree viable que se puedan completar estos procesos?
Los criterios impuestos desde Europa e incorporados principalmente en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dificultan enormemente dichos procesos, en la medida en que el rigor presupuestario que exige y la sostenibilidad en la prestación del servicio público que protege obliga a incrementar enormemente los ingresos públicos o a reducir costes dejando de prestar unos servicios para atender otros.
P- ¿Qué impacto económico tendría una “remunicipalización” del servicio de agua en un ayuntamiento?
R.- En términos de eficiencia, que es uno de los enfoques con los que he participado en el libro, en el corto plazo se podrían heredar del operador anterior, pero en el medio y largo plazo inequívocamente irían de la mano de un incremento de precios, en el mejor de los casos, o de una caída en la calidad del servicio público, o una combinación de ambos.
P.- ¿Cómo podrían afectar a los trabajadores de los servicios? ¿Se mantendrían el empleo y las condiciones laborales actuales?
R.- El impacto sería máximo, en primer lugar si los empleados pasan a ser públicos podemos chocar con la sostenibilidad financiera a la que he hecho referencia anteriormente, hasta tal punto que puede hacer completamente inviable dicho proceso. Por otro lado si se crean nuevos empleos públicos, entiendo que habrá que garantizar los principios de igualdad, capacidad y mérito, lo que podría llevar a que muchos trabajadores actuales lo dejaran de ser para dar cabida a otros nuevos, si es que estos tienen méritos para ello, y por otro lado las condiciones laborales podrían verse afectadas por el criterio de la estabilidad presupuestaria lo que podría llevar a un nuevo cuadro de remuneraciones, con la tentación política además, en términos populistas, de querer trasladar una bajada en el precio del servicio a corto plazo mediante ajustes de sueldos o plantillas.
P.- ¿Considera que una buena regulación de los servicios del agua podría contribuir a resolver este debate?
R.- Esta es la clave, se necesita la figura de un regulador independiente que además de poner orden establezca criterios de prestación de servicios públicos homogéneos y comparables. Hagamos competir a nuestros municipios entre si en términos de calidad, sería una manera más objetiva de poder evaluar a aquellos que operan los servicios públicos, así como también indirectamente a nuestro políticos que son los que tienen que estructurar la prestación de dichos servicios. Ganaríamos los ciudadanos. Es una figura esencial.
P.- Por último. ¿Cuáles cree que deberían ser las principales características de la prestación de servicios en las ciudades del futuro?
R.- Yo creo que se abre una gran oportunidad vinculado a un enorme reto como son las ciudades inteligentes, donde es de esperar que cuando se consoliden dichas ciudades estas harán la vida más vivible para quienes la habiten, se recuperaran espacios de convivencia donde los servicios públicos formen parte no sólo de la infraestructura, sino del propio “software” con el que se habita dichos espacios. El internet de las cosas va a permitir que estos servicios se adapten a nuestra vida y no nosotros a una infraestructura que poco a poco será más difusa para abarcar nuevas dimensiones. Cuanto más flexible sea dicha infraestructura más rápida será esa adaptación. Necesitamos servicios públicos flexibles que permitan su adaptación. Este es el gran reto de los ingenieros de hoy y mañana. Se está reinventando el mundo y nosotros con él, es un cambio que obliga una evolución-revolución cultural.
