La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de la Junta de Castilla-La Mancha suspende el plazo de ampliación de mes y medio solicitado por la mercantil para presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los expedientes PRO-CR-15-0539, PRO-CR-15-0540 y PRO-CR-15-0541.
La Administración autonómica reconoce en un documento al que ha tenido acceso la Plataforma Sí a la Tierra Viva que "se da además la circunstancia excepcional de que el proyecto ha generado cierta alarma social en la comarca" por lo que a Quantum Minería S.L. no le cabe otra opción que seguir con los plazos previstos por lo que la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural "resuelve denegar la ampliación del plazo solicitada".
Por otra parte la autoridad administrativa le advierte a la mercantil de que si en el plazo fijado no se hubiera recibido la documentación requerida, "se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución y se procederá al archivo del expediente, a los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999".
No cabe otra opción que el archivo de los expedientes
Para la Plataforma Sí a la Tierra Viva, legalmente constituída hace un año para luchar contra los proyectos de tierras raras en la Provincia de Ciudad real, el descartado y archivo de los expedientes mineros es la única opción. No en vano, fueron las propias Cortes Regionales de Castilla-La Mancha las que en su resolución del 19 de mayo del pasado año, aprobada por mayoría absoluta, afirmaron que los proyectos extractivos que se predenden acometer en la Comarca del Campo de Montiel "condicionan el modelo de desarrollo económico, social y ambiental de esta zona" y que "adoptar una decisión acerca de la viabilidad y ejecución de esta actividad extractiva requiere valorar su incidencia sobre el patrimonio natural y cultural de la zona y sobre las actividades económicas que en ella se desarrollan", algo que debería hacer una decisión previa "al otorgamiento de los permisos de investigación y de la propia evaluación ambiental de cada uno de los proyectos en los que se desglosa y pretende materializarse la actividad".
Hay que recordar además, que tanto la no autorización de recursos hídricos para estos proyectos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), y la existencia de informes negativos tanto del MAGRAMA como de la Oficina del Defensor del Pueblo y la advertencia de otras entidades como el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acerca del potencial impacto radiológico de este tipo de actividades aconsejan la cancelación de estos proyectos en defensa del bien común de una ciudadanía que desde el principio ha rechazado el plan minero.