"El agua tendría que ser totalmente excluida de cualquier acuerdo comercial"

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Una entrevista de:

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Florent Marcellesi (Angers, Francia, 1979), es un activista ecologista e investigador que reside desde el año 2004 en España. Teórico de la ecología política y cercano a los movimientos alterglobalización, conjuga sus trabajo de investigación con una intensa actividad en el movimiento verde vasco, español, francés y europeo.

En iAgua le entrevistamos para conocer los posibles impactos que tendría el TTIP sobre el sector del agua en Europa y España, una temática en la que se ha erigido como experto en los últimos tiempos.

Pregunta - ¿Cómo afecta el TTIP a los servicios públicos en Europa? ¿Y en el caso concreto de España?

Respuesta - Existe una presión muy importante por parte de grandes multinacionales para privatizar y liberalizar más sectores como la sanidad, la educación, etc. Si llegara a pasar, esto supondría por ejemplo un precio más alto para medicamentos o matrículas más caras para la educación.

Cuando más se busca el beneficio por encima de cualquier otro criterio, es muy poco probable que se consiga una gestión responsable del agua

Además, el TTIP propone crear un tribunal de arbitraje privado para resolver desencuentros entre empresas y Estados, el llamado ICS por sus siglas en inglés (Investor Court System). Este caballo de Troya de las multinacionales permitiría, por ejemplo, que un Estado tenga que indemnizar potencialmente a una empresa por querer aumentar el salario mínimo (como ha pasado en Egipto), por prohibir elfracking en su territorio (como en Quebec) o por querer defender la salud pública contra las multinacionales del tabaco (como en Australia). Si fuera poco, pretende crear el mecanismo de Cooperación Reguladora que permitiría a las empresas multinacionales presionar a los gobiernos y a la propia UE durante la elaboración de cualquier ley que les afecte. 

Tenemos que decidir pues si damos más poder a las grandes corporaciones y sus lobbistas, o las instituciones democráticas que representan a la ciudadanía.

P. - ¿Cuáles serían las principales consecuencias de la aprobación y ratificación del TTIP en el sector del agua europeo?

R. - El objetivo perseguido por el TTIP es ante todo la máxima liberalización y la privatización posible de los servicios públicos, lo que incluye también la gestión pública del saneamiento del agua. Desde luego, como nos recuerda el caso Acuamed o la nefasta aplicación del NAFTA en Estados Unidos, sabemos que cuando más se busca el beneficio por encima de cualquier otro criterio, es muy poco probable que se consiga una gestión responsable del agua y aún menos propicio a las personas más desfavorecidas (cortes de agua, subida del precio, incluso contaminación intencionada de las aguas como en el caso Acuamed, etc.). Además, el TTIP pondría directamente en peligro la gestión pública del agua en las 19 provincias españolas que así la gestionan.

Sin embargo, el agua es un derecho humano y todo menos una mercancía. Tendría que ser totalmente excluido de cualquier acuerdo comercial. Más bien al contrario, es el momento de apostar por acuerdos y marcos que faciliten la remunicipalización del agua, como hacen en Alemania. Es una cuestión de eficiencia, democracia y sostenibilidad.

El agua es un derecho humano y todo menos una mercancía

P. - El CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) es el otro acuerdo comercial que puede amenazar el sector de los servicios públicos. ¿Cómo afectará a los servicios de agua?

R. - El CETA, el acuerdo entre la UE y Canadá, es aún más peligroso que el TTIP. Por ejemplo, cláusulas como la llamada “lista negativa” (standstill en los textos) recoge que los Estados deben elegir una lista limitada de servicios que no quiere que sean privatizados. Todos los demás, incluyendo los futuros, estarían abiertos a competencia extranjera y a una posible privatización que difícilmente se volverían a gestionar públicamente por su alto coste.

En concreto, para los servicios del agua, el artículo está escrito en términos legales muy difusos. a veces incluso en contradicción con la legislación europea y nacional. Las lagunas en este artículo facilitará una captura corporativa del agua por las compañías multinacionales en Europa y Canadá. Si bien el artículo afirma que 'el agua en su estado natural [...] No es un bien o un producto y, por tanto, [...] No está sujeta a los términos de este Acuerdo", casi todos los usos del agua (agua potable, saneamiento o riego agrícola) que implican agua extraída de su entorno natural, podría ser considerado como bienes y productos, y, por tanto, podría ser tratada como una mercancía y estar sujetos al CETA.

P. - Alemania es el único país de la UE que ha incluido una cláusula protegiendo sus servicios de “aguas residuales, trituración de desechos y servicios de saneamiento”. ¿Por qué cree que el resto de países no han tomado medidas similares?

R. - Desde 2007 Alemania, que llegó a tener el agua más cara del mundo, ha llevado a cabo una remunicipalización de sus servicios del agua (y también de la energía). De hecho, la considera más eficiente y democrática que una gestión privada que infla los precios y aleja el poder de decisión de la ciudadanía. Viendo este ejemplo exitoso, es indudable a que las grandes corporaciones que se benefician del "mercado de agua" no les interesa este cambio que supone una merma de su rentabilidad privada y por tanto presionan fuertemente a gobiernes locales y supra-locales para que todo siga igual. Además, las leyes y las contrataciones actuales están hechas para que sea lo más complicado posible para pasar de una gestión privada a otra municipal, pública o cooperativa (como lo vemos con la gestión de residuos en Madrid). Es hora de poner el bien común y el interés presente y futuro por encima de los intereses privados y cortoplacistas de unos pocos.

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