La Confederación Hidrográfica del Cantábrico vuelve a desestimar el proyecto minero de Asturgold en Salave

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Sobre la Entidad

Plataforma ciudadana de Cabana de Bergantiños (A Coruña, Galicia) que promueve el activismo en términos de conservación y defensa ambiental.
  • Lagos del Salave
  • El último informe del organismo de cuenca, al que ha podido acceder Salvemos Cabana, certifica que el expediente de tramitación está plagado de errores que incluso podrían, a juicio de la CHC, vulnerar la legislación aplicable en materia de evaluación ambiental.

La Confederación afirma con rotundidad que no cabe reabrir el expediente IA-IA-0382/11 con el propósito de dictar una nueva declaración de impacto ambiental "como si la ya dictada no hubiera existido o pronunciar una suerte de declaración de impacto ambiental complementaria" cuya cobertura legal no sería efectiva.

Por otra parte, y tal como señala la CHC, "el nuevo trámite de información pública y de consultas abierto por el órgano sustantivo, con el objetivo de la nueva evaluación ambiental pretendida, se basa no en el decaimiento de la anterior a causa de la reforma del Proyecto de cuya autorización se trata, sino, simplemente, en la aparición de documentación relevante para la evaluación ambiental y por instancia del órgano ambiental". Por eso -afirma la Confederación- al reconocer expresamente el Principado que tal información, considerada relevante, "no representa la modificación del Proyecto ni el Estudio de Impacto Ambiental, no concurriría motivo suficiente para iniciar la nueva evaluación, tal como se ha dicho ya, ni tampoco para la alteración de los criterios esenciales que sirvieron de base para dictar la Declaración de Impacto Ambiental de 2012, vigente".

El proyecto de Asturgold no plantea alternativas válidas para la CHC

Para el organismo de cuenca, además, "una vez alcanzado el alcance y contenido" del documento enviado por la minera canadiense al MAGRAMA, bajo el título "Ampliación del informe de valoración de alternativas a la ubicación de las instalaciones mineras", se evidencia que Asturgold, pese a las indicaciones de aportadas previamente por el Ministerio, no selecciona ninguna alternativa que pueda considerarse válida para paliar el impacto potencial sobre el dominio público hidráulico.

Así, en la documentación aportada, la CHC incide en la total "indeterminación en los puntos de vertido previstos", evidenciando que los lixiviados resultantes del proceso "serán ácidos y contendrán sustancias peligrosas" como arsénico, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, "la mayoria en concentraciones superiores a las normas de calidad ambiental de las aguas superficiales".

Para la Confederación, "estos contaminantes no estaban previstos en el Estudio de Impacto Ambiental sometido a consultas en diciembre de 2013 y, en lo relativo a las predicciones sobre la afección del proyecto a la calidad de las aguas, las diferencias tienen su origen en nuevas hipótesis de partida que, sin invalidar técnicamente las anteriores, obtienen resultados del todo distintos", reconociendo, además, que "se identifica, como posible impacto en la fase de clausura y post-clausura la alteración de la calidad de las aguas debida a la generación de drenaje ácido y la lixiviación de metales", con la opción, en algunas de las alternativas, de conducir las aguas de drenaje de la mina "al dominio público marítimo terrestre" o incluso "un vertido directo a aguas subterráneas", que supondría un vertido de aguas residuales con sustancias peligrosas "que no podría autorizarse en base al artículo 257 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico".

La mina de oro de Salave, un proyecto inviable

A la vista de los datos aportados objetivamente por la CHC, se demuestra una vez más que el proyecto que Asturgold pretende llevar a cabo en el Occidente de Asturias es claramente especulativo, ambientalmente insostenible, y deslegitima el estudio presentado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre la afección de la pretendida explotación minera sobre el recurso hídrico encargado a instancias de la Dirección General de Energía y Minas del Principado, que no detectaba ninguna incidencia ambiental relevante.

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