El Gobierno de Cantabria pedirá al Tribunal Constitucional el levantamiento de la medida cautelar que suspende la ley autonómica que prohíbe la utilización de la técnica de la fractura hidráulica en la comunidad, y que declare constitucional la citada Ley, de 15 de abril.
Aún con la norma suspendida, en Cantabria no se podrá utilizar la técnica del fracking en los suelos de especial protección
Así lo ha anunciado a Europa Press el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien también ha asegurado que, aún con la norma suspendida, en Cantabria no se podrá utilizar la técnica del fracking en los suelos de especial protección.
Por su parte, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha señalado que la suspensión de la ley estaba "dentro de lo probable" y ha asegurado que "no nos preocupa" porque la voluntad del Gobierno de Cantabria "quedó clara en la redacción y aprobación de la ley".
Diego ha añadido que la posición del Gobierno de Cantabria contra la práctica del fracking en la región se va a "seguir afianzando en breve, apoyándonos, como ya hemos dejado claro, en la Ley del Suelo y el planeamiento urbanístico de cada municipio, y trasladando tranquilidad a los ciudadanos en el sentido de que el fracking no se llevará a cabo en Cantabria".
El presidente y el consejero han realizado estas declaraciones tras conocer que el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de España contra la Ley de Cantabria y ha acordado la suspensión automática de la norma autonómica al haberla invocado el Estado en su recurso.
El consejero ha explicado que su departamento ya "daba por hecha" la suspensión desde el momento en que el Gobierno interpuso el recurso, el 27 de enero, por lo que la providencia del TC es "la constancia formal de algo que teníamos constancia por la Administración General del Estado".
De hecho, cuando el Gobierno regional anuló la semana pasada el único permiso regional de fracking, el 'Arquetu', no lo hizo en base a la ley de Cantabria porque "daba por hecho que estaba suspendida".
Al hilo ha insistido en que se trata de una cuestión "automática" ya que el TC no puede hacer otra cosa que suspender automáticamente la ley autonómica cuando la Administración General del Estado la impugna. Ahora se abre un periodo de cinco meses para decidir sobre la suspensión y un plazo de 15 días para formular alegaciones.
En este sentido, Fernández ha avanzado que las alegaciones del Gobierno irán en dos frentes: el levantamiento de la suspensión cautelar hasta que se dicte sentencia, un tema "importante pero meramente transitorio"; y la constitucionalidad de la norma.
"Lo importante" para el Gobierno es que el Tribunal Constitucional "nos de la razón en el fondo del asunto" y declare constitucional la ley de Cantabria, ha señalado.
Con relación al resto de permisos de fracking en Cantabria, es decir los cinco estatales (Luena, Bezana, Bigüenzo, Angosto-1 y Usapal) que afectan también a otras provincias vecinas y fueron autorizados por el Ministerio de Industria durante el Gobierno del PSOE, el consejero ha subrayado que se exigirá que cumplan "con todos los requisitos legales", incluido el de la compatibilidad urbanística.
"Nosotros dejamos muy claro al anular el permiso 'Arquetu' que no vamos a permitir ninguna actuación en suelo rústico de especial protección dirigida a realizar el fracking si no tiene la compatibilidad urbanística", ha enfatizado.
Y ha sentenciado que, por tanto, "en los suelos de especial protección no se va poder hacer fracking".
