El PRC cree que la declaración institucional contra el fracking convocada por el Gobierno cántabro y a la que ha invitado a sumarse a los 102 municipios de la región es algo "absolutamente innecesario", dada la oposición generalizada en torno al uso de la fractura hidráulica, por lo que, a su juicio, se trata de una "maniobra de marketing" del presidente, Ignacio Diego, que busca el "apoyo" de los ayuntamientos.
No obstante, el partido no va a dar ninguna instrucción al respecto, sino que da libertad a sus alcaldes para que acudan el día 24 al Parlamento a firmar la declaración, ya que "todo" lo que se haga para mostrar oposición al fracking "no está mal". Además, no sería "oportuno" generar "división" en torno a este asunto, más que nada porque "no existe" por parte del PRC.
Así, al vicesecretario general de los regionalistas, Rafael de la Sierra, le da la "impresión" de que los 29 regidores del partido van a rubricar el documento, pese a tener "infinidad" de motivos para estar en contra de Diego por la política "antimunicipalista" de su Gobierno y el trato "vejatorio" que ha dado a los ayuntamientos, ha dicho, antes de citar a la supresión del Fondo de Cooperación o a la reforma local. Pero, "si hace falta", manifestarán "de nuevo" su apoyo al Ejecutivo en la oposición al fracking.
Y suscribirán la declaración, ha apuntado el portavoz del PRC, aunque finalmente no se incluyan en la misma varios puntos que ha planteado este miércoles la formación, como recurrir todos los permisos relacionados con el fracking concedidos en la región, aunque sean del Estado; instar al Gobierno central a la paralización o suspensión de los mismos; plantear en las Cortes las modificaciones legislativas necesarias para impedir la fractura hidráulica en Cantabria -como la reforma de la Ley de hidrocarburos-; y que se resuelvan los intentos de distintos ayuntamientos de adoptar medidas para proteger su patrimonio y medio ambiente frente a esta técnica, como ocurre en Valderredible.
De la Sierra se ha expresado así en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al alcalde de este Ayuntamiento y secretario de Organización del PRC, Fernando Fernández, y, también, con los regidores regionalistas de Villacarriedo, Ángel Sainz; de Soba, Julián Fuentecilla; de Ruesga, Jesús Ramón Ochoa; y de Santiurde de Toranzo, Estanislao Fernández.
Incoherencia
Durante su comparecencia ante los medios, De la Sierra ha insistido en que la declaración institucional y el llamamiento a los alcaldes para apoyarla es una "maniobra de marketing" de Ignacio Diego, ya que por ejemplo todos los alcaldes y ediles del PRC -que tiene representación en 99 municipios-, así como la Ejecutiva del partido y el Grupo Parlamentario han mostrado "hasta la saciedad" su postura contraria al fracking.
El portavoz de la formación en la Cámara también ha criticado las "incoherencias" e "incongruencias" del presidente, de su Gobierno y su partido, en torno a este asunto, ya que si bien no han hecho una "declaración mala", tampoco hay una "obra buena", ha comparado. "Habla mucho y hace poco", ha apostillado.
Así, mientras en Cantabria se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios (PP, PRC y PSOE) una ley que prohibía esta técnica, el Ejecutivo central del PP dio luz verde a una norma en la que, según ha indicado De la Sierra, se basa el recurso presentado por el Estado y que dio pie al Tribunal Constitucional a tumbar la ley cántabra.
A modo de ejemplo, ha señalado que la diputada regional y, también, senadora del PP, Tamara González, ha votado una ley en la región y otra en Madrid. "No se puede ser más incongruente", ha apostillado De la Sierra, para enfatizar que los diputados y senadores 'populares' en Madrid mantienen una postura "contraria" a la del partido en la región, por lo que Diego -ha razonado- debería pedirles que "dimitan".
Peligro
Con todo ello, De la Sierra ha recalcado que la "solución real" al problema del fracking pasa por modificar la Ley estatal de hidrocarburos y, en su defecto, o de manera complementaria, acometer reformas o actuaciones en el ámbito de Cantabria, que tiene competencias en materias como el medio ambiente, la sanidad o la protección del patrimonio.
Por ello, ve un "peligro" que el Ejecutivo autonómico "esté pensando" en trasladar a los ayuntamientos la "responsabilidad" sobre el fracking, objetivo que podría estar detrás de la declaración institucional, ha comentado. Así, cree que "se está jugando un poco con la gente" y "ocultando" que el "verdadero problema" del fracking está en la legislación nacional.
Aún así, el Ejecutivo cántabro debe "actuar" y emplear las medidas que están "en su mano", ha sentenciado De la Sierra. En este sentido, ha opinado que el Gobierno tiene que recurrir "todos" los permisos concedidos en la región para que se consideren "nulos", al afectar a suelos rústicos de protección especial, y no de especial protección minera.
PRC ve un peligro que el Ejecutivo autonómico esté pensando en trasladar a los ayuntamientos la responsabilidad sobre el fracking
Este extremo fue el que permitió anular el permiso Arquetu, y debería de ser el criterio a seguir para recurrir todos los permisos y actos de aplicación en Cantabria, ha apuntado De la Sierra, que también ha considerado que el Gobierno autonómico tendría que exigir al Estado que paralice los permisos concedidos en la región, al tratarse de terrenos "inadecuados" para el desarrollo del fracking.
A este aspecto se suma el informe contrario del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), adscrito al Ministerio de Ciencia, que alerta de la peligrosidad de la fractura hidráulica de cara a la contaminación del agua potable o la provocación de movimientos sísmicos.
Tras recordar las dos resoluciones aprobadas en el pasado Debate sobre el Estado de la Región (una del PRC para adoptar medidas que impidan el fracking en Cantabria y paralizar los permisos concedidos y otra del PP para continuar la "ofensiva" contra la fractura hidráulica, prohibirla en la región y que el Estado permita a las comunidades autónomas decidir en sus respectivos territorios), De la Sierra ha pedido al Gobierno cántabro que lleve a cabo su propuesta, que pasaría por instar al Estado a modificar la Ley de hidrocarburos. Y si no lo hace, el PRC exigirá que presente un proyecto de ley a las Cortes para modificar la normativa estatal, ha avisado el regionalista.
Junto a todo lo anterior, el vicesecretario general de los regionalistas y portavoz del Grupo Parlamentario ha solicitado al Ejecutivo de Ignacio Diego que favorezca las iniciativas municipales tendentes a proteger su patrimonio y prohibir el fracking, como ocurre en Valderredible, en vez de estar "mirando para otro lado y resolviendo en contra", ha concluido.
