El coordinador provincial de Izquierda Unida en Granada, Manuel Morales, acompañado de los portavoces de la organización en los municipios de la costa, ha presentado este miércoles el paquete de alegaciones que la formación ha elaborado contra la prórroga de la concesión del ciclo integral del agua a la empresa 'Aguas y Servicios'.
El acuerdo de prórroga, aprobado por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical con los votos de PSOE y PP, prevé la ampliación hasta 2040 de la concesión del ciclo integral del agua a la citada empresa, una iniciativa que IU ve "lesiva para el interés general y contrario al ordenamiento jurídico", por lo que reclama su total anulación.
El acuerdo de prórroga prevé la ampliación hasta 2040 de la concesión del ciclo integral del agua.
Para IU, que se ha manifestado abiertamente partidaria de la gestión pública directa del ciclo integral del agua, se trata de "un negocio ruinoso para los vecinos de la costa" y ha denunciado en un comunicado "los incumplimientos de la concesionaria respecto de las obras prometidas, junto al mal mantenimiento de las instalaciones".
No obstante, es sobre todo en la cuestión económica donde Izquierda Unida denuncia "el carácter abusivo" de un contrato que, según expone, "garantiza a la empresa un 17,5% de beneficio sobre la facturación total".
"La empresa gana millones al año sea cual sea la gestión; vaya bien o vaya mal. De hecho, cuanto peor vaya, más gana", afirma Morales.
IU denuncia, además, que los ciudadanos sufrirán "un nuevo impuesto indirecto encubierto" por parte de los Ayuntamientos. Así califica el coordinador de IU la nueva tasa creada por el acuerdo, al repercutir la empresa sobre la ciudadanía el coste del recién nacido "canon concesional".
Según ha relatado, el citado acuerdo prevé repercutir a los ciudadanos, mes a mes, "los más de 20 millones de euros que las empresas se han comprometido a entregar ahora a los Ayuntamientos de la Mancomunidad como contraprestación por la prórroga".
Morales asegura que "es este interés cortoplacista el único móvil de los alcaldes para consentir un acuerdo tan negativo para sus propios municipios". "Nos encontramos ante un negocio sucio, en el que se vende el agua de nuestros nietos para sacar adelante unas pocas obras municipales antes de las elecciones", ha clamado.
Según Morales, el acuerdo "vulnera la legalidad por introducir cambios sustanciales en las condiciones del contrato, lo que obligaría a la convocatoria de un nuevo concurso", además de que "introduce una prórroga no prevista en el contrato inicial, lo que también está prohibido por la ley y establece una acumulación total de prórrogas que excede al máximo legal permitido, motivos todos ellos que justifican de por sí la nulidad", ha mantenido Morales, quien censura que la Mancomunidad otorgue "arbitrariamente un negocio de 780 millones de euros a una empresa concreta, alterando sustancialmente el contrato inicial, lo que invalida el concurso, y superando los límites para las prórrogas admisibles por la ley".
Un último elemento a su entender para la controversia lo constituye la posible invasión de competencias de la Junta de Andalucía que generaría el acuerdo de prórroga, ya que plantea la retirada de una parte sustancial del "canon de mejora" aprobado por la administración autonómica para financiar las obras de infraestructuras hidráulicas "y que no es materia competencial de la mancomunidad alterar", por lo que el coordinador de IU ha manifestado "estar a la espera" de que el Gobierno de Andalucía intervenga.
